El intendente Domingo Amaya no podrá realizar obras públicas sin la previa autorización del Concejo Deliberante. Así resolvió ayer el cuerpo con el apoyo mayoritario de los ediles de la oposición, que doblegaron en la votación al oficialismo al no estar presente -por enfermedad- el concejal justicialista Juan Carlos Mamaní. Al jefe municipal le queda ahora la alternativa de vetar la ordenanza sancionada.
Por el Acuerdo para el Crecimiento de Tucumán, el municipio dispone de un Fondo Fiduciario para la ejecución de obras de envergadura. Los recursos disponibles llegan a $ 35 millones. Ese pacto determinaba que los trabajos por encararse debían ser determinados por el intendente y comunicados al Concejo. Sin embargo, el cuerpo modificó este punto: resolvió que las obras deben ser aprobadas previamente por los ediles.
Por el Acuerdo para el Crecimiento de Tucumán, el municipio dispone de un Fondo Fiduciario para la ejecución de obras de envergadura. Los recursos disponibles llegan a $ 35 millones. Ese pacto determinaba que los trabajos por encararse debían ser determinados por el intendente y comunicados al Concejo. Sin embargo, el cuerpo modificó este punto: resolvió que las obras deben ser aprobadas previamente por los ediles.
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