El Concejo le dirá a Amaya qué obras hacer

El accidente automovilístico que sufrió el edil Juan Carlos Mamaní hace un par de semanas, se transformará en un dolor de cabeza para el intendente Domingo Amaya. El peronista justificó en ese hecho su ausencia a la sesión del Concejo Deliberante realizada ayer por la mañana, pero le dejó la chance a la oposición para modificar un artículo clave del pacto por el que el municipio se había asegurado asistencia financiera para realizar distintas obras públicas. Con el voto de los nueve opositores, Amaya tendrá que pedir autorización a los ediles para gastar los $ 35 millones que le comprometió la provincia.
La discusión se centró en el proyecto de ordenanza por el que se ratificaba el Acuerdo para el Crecimiento de Tucumán celebrado el 30 de enero de 2006. Este prevé la conformación de un Fondo Fiduciario, integrado por recursos aportados por la Provincia y con el compromiso de los recursos coparticipables del municipio, con el fin de ejecutar obras públicas de distinta envergadura en toda la ciudad.
El pacto entre Provincia y municipio establecía que los trabajos a realizarse debían ser determinados por la intendencia y comunicados luego al Concejo Deliberante. El bussista Claudio Viña sugirió que ese punto sea modificado por una cláusula en la que la ejecución de los trabajos quede condicionada a la previa aprobación del cuerpo.
Sin Mamaní en su banca, el bloque del PJ quedó reducido a ocho concejales. Los opositores se abroquelaron tras la idea de Viña y sumaron 9 votos para modificar el dictamen de comisión. El edil Ramón Cano (mercantil) intentó una defensa. “Ahora se quejan de las obras que se están haciendo. Me resulta extraño porque Viña va a todas las inauguraciones”, argumentó. Pero, el autor de la modificación y Gustavo Usandivaras le recordaron que sólo se trataba de reivindicar el rol del Concejo Deliberante. “Tenemos que ejercer la representación vecinal. No tenemos ninguna puerta abierta en la intendencia y queremos saber de qué se trata”,  sostuvo el radical.
Amaya deberá definir ahora si veta o promulga la ordenanza. El pacto que quedó modificado le asegura al municipio un flujo de recursos permanentes. La Provincia había dispuesto $ 368 millones para que los municipios realicen obras públicas y paguen salarios. La capital fue la más beneficiada en el reparto: de $ 14 millones que tenía originalmente, pasó a  $ 35 millones en el acuerdo que se firmó en la Casa de Gobierno.
En la sesión de ayer, los ediles de la oposición y también algunos oficialistas hicieron sentir sus quejas contra los funcionarios municipales. En especial, contra los responsables de la ejecución de obras públicas.