No basta con votar para preservar la calidad de las instituciones

“No entiendo por qué el gobernador se mete en lo que tiene que resolver la Municipalidad. ¿Para qué les pagamos al intendente y a los 18 concejales?”. La pregunta de uno de los miles de remiseros que se concentraron en el parque 9 de Julio, durante la crisis que derivó en la unificación del servicio con los taxis, sonó como una advertencia. Para algunos, el meollo del problema es para qué existen las instituciones si estas no pueden responder a los problemas sociales. Pero la cuestión presenta en Tucumán sus ribetes propios. ¿No pasará lo que pasa porque las instituciones no funcionan como corresponde?
El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) viene sosteniendo desde 1999 que ni los mercados ni la política ni la sociedad pueden funcionar sin instituciones y sin reglas. La idea se relaciona con el concepto de gobernabilidad, por el que se entiende que las prácticas establecidas deben servir como límites, pero también como incentivos para el comportamiento de los individuos, las organizaciones y las empresas.
En Tucumán, la calidad del sistema político es un tema que no figura en la agenda pública. Sólo aparece veladamente cuando se presentan situaciones de crisis, pero no siempre se relacionan estas con los defectos en las instituciones. La pregunta del remisero preocupado por su futuro laboral no incluyó un rápido repaso de lo que sucede en la Municipalidad de la capital y en la mayoría de las administraciones que funcionan en la provincia. Como en cualquier sistema democrático, las autoridades se definen por el voto de los ciudadanos. El intendente electo de San Miguel de Tucumán nunca pudo asumir por sus problemas judiciales y, en su reemplazo, los concejales eligieron a quien impuso el gobernador. En un silogismo inevitable, podría concluirse que quien decide en la municipalidad es el mandatario provincial y no quienes fueron designados directamente por los ciudadanos de la ciudad.
La contracara es Bella Vista, donde el PE intervino un escandaloso Concejo Deliberante y no llamó a elecciones. Hoy, esa municipalidad funciona sin poder legislar y a nadie se le ocurrió reclamar para que los ediles desplazados sean reemplazados por otros electos por el voto popular.
Pero no es sólo un problema de quien elige a quien. Otro suceso que podría abonar la idea ocurrió a consecuencia del crimen de la joven Paulina Lebbos. El Gobierno admitió, jaqueado por la crisis, que había cometido errores en su política de seguridad. Por mandato de la Constitución, quien debe controlar a los funcionarios políticos en la ejecución de sus programas es la Legislatura. Sin embargo, este poder parece haber cedido ese rol en virtud de las circunstanciales mayorías que conforman el cuerpo. Sólo en enero, por ejemplo, el PE vetó 19 leyes y ninguna de ellas fue insistida. En más dos años de la actual gestión, además, ningún ministro brindó explicaciones en el recinto parlamentario porque el peronismo archivó todos los pedidos de interpelación.
El español Joan Oriol Prats, director del Instituto Internacional de Gobernabilidad, planteó que el dilema de Latinoamérica hoy no pasa por democracia o autoritarismo. La incógnita de estos tiempos es si los limitados procesos de institucionalización que se llevan adelante serán capaces de superar el populismo y el corporativismo que dominan los procesos políticos o si se terminarán consolidando regímenes autoritarios con fachadas democráticas.
Prats, en un trabajo sobre el desarrollo de los países asiáticos, sostuvo que la lección de este fenómeno económico no pasa por la apertura, sino por la calidad del sector público. Según el investigador catalán, un gobierno de calidad es indispensable para asegurar instituciones que eviten la captura del poder político por parte de élites económicas improductivas o el uso arbitrario de los recursos del Estado. Entre los mecanismos que utilizaron los denominados “Dragones” se destacan aquellos que garantizaron la responsabilidad de los funcionarios ante los ciudadanos.
El democristiano Gonzalo Fernández, que visitó Tucumán la semana pasada, sostuvo que la democratización de una sociedad exige mucho más que una reforma de la Constitución. Hay que construir ciudadanía, planteó el docente de Derecho Político de la Universidad de Córdoba, tras sostener que ese desafío excede a los políticos y debe comprometer a toda la sociedad.
La idea de ciudadanía es, en efecto, una de las instituciones más desvirtuadas por el actual régimen político. En un concepto amplio, ser ciudadano implica no sólo el derecho a votar sino a ser partícipes y protagonistas de las decisiones que se tomen. También a acatar lo que se defina en el marco de las instituciones.
Remises, taxis, vetos, elecciones, decretos, intervenciones, ciudadanos y política de seguridad tienen entonces algo en común. Son síntomas de una enfermedad en la que las propias reglas de convivencia son las que están en terapia intensiva.