El abogado de Menéndez cuestionó a todos los testigos

Poco más de una hora estuvo ayer en los tribunales federales el ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, para cumplir con el acto de declaración indagatoria acerca del secuestro de Alicia Cerrota de Ramos, ocurrido el 1 de noviembre de 1976, cuando estaba embarazada.
Como en anteriores oportunidades, el general (r) se negó a hablar del caso y desconoció la competencia del juez federal Jorge Parache para juzgarlo. Reivindicó a la Justicia Militar como el único estamento que puede analizar su conducta y planteó la inconstitucionalidad de la causa, la prescripción y la extinción de los delitos que se le imputan.
Su defensor, Horacio Conesa Mones Ruiz, insistió en la necesidad de que se unifiquen las audiencias pendientes por los cientos de expedientes en los cuales es mencionado Menéndez, para que luego se autorice su retorno a Córdoba. Actualmente está alojado en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, en un departamento contiguo al que ocupa Antonio Domingo Bussi.

Impugnaciones
El abogado anunció que impugnó a los testigos Juan Martín Martín y Rodolfo Pelegrino Fernández, a quienes calificó de falsos e interesados. “Sus declaraciones son montajes de inteligencia de las organizaciones terroristas pergeñadas en Madrid  en 1983, por Eduardo Luis Duhalde, actual secretario de Derechos Humanos de la Nación y ex fundador del ERP”, sostuvo el abogado.
Conesa Mones Ruiz se ofreció como abogado de la ex presidente María Estela Martínez de Perón  (conocida como Isabel) y de los ministros que firmaron distintos decretos contra la subversión entre 1974 y 1975 (entre los que figuran Carlos Ruckauf, Italo Lúder y Antonio Cafiero) en la causa penal iniciada hace dos años por familiares de desaparecidos en el Operativo Independencia, que tuvo lugar antes de que se produjera el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
“Se pidió a Parache la detención de todos los firmantes de los nueve decretos en los que se declara fuera de la ley a ERP y a Montoneros y se ordena el aniquilamiento de las bandas terroristas asociadas al extranjero. Estoy a disposición de ellos para su defensa, porque entiendo que estas normas eran justas para la época, por los ataques certeros contra toda la sociedad, con secuestros, asesinatos y robos, lo que obligó a la represión del Estado”, afirmó.
El letrado sostuvo que si hubiese alguna responsabilidad, sería del Presidente y de los ministros que ordenaron ciertos actos. “Los decretos trasuntan el pensamiento de Juan Domingo Perón, expresado en sus libros y en sus comunicados”, aseveró el profesional.