Las audiencias para tomar declaración indagatoria al acusado de un delito son un paso fundamental en la causa, aunque quien sea interrogado se niegue a hablar.
La trascendencia del trámite judicial que se está llevando a cabo con los imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la década del 70 fue destacada por el fiscal federal Emilio Ferrer. “Hay una gran y febril actividad en los tribunales a impulso de esta Fiscalía y con recepción favorable por parte del juzgado federal de Jorge Parache”, señaló. “Estamos realizando indagatorias casi todos los días a distintos personajes, como Antonio Bussi, Luciano Benjamín Menéndez y Mario Heriberto Albornoz, y pidiendo muchas otras más. Se está en la búsqueda del paradero de militares, policías y civiles que no son hallados, como el caso emblemático de Antonio Arrechea, y de algunos que ni siquiera sabemos si están vivos o muertos”, informó.
“La toma de indagatoria es esencial en el proceso -porque sin ella los actos judiciales pueden ser declarados nulos- en cumplimiento del derecho constitucional a la libre defensa en juicio -explicó-, que no se puede soslayar aunque se esté frente a un genocida”. “En la audiencia, al imputado se le describen los hechos y se le informa sobre las pruebas con que se cuenta, para hacerle conocer fehacientemente la acusación. Puede abstenerse de hablar o incluso mentir, porque nadie está obligado a declarar en su contra”, aclaró.
Plazo para definirse
Luego de las indagatorias, el juez tiene 10 días hábiles para definir la situación procesal de cada persona; puede disponer su procesamiento (con o sin prisión preventiva) o su exculpación. Cualquiera que fuese la decisión, tanto el fiscal actuante como la defensa pueden apelar la medida ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. El fallo que emita este tribunal, a su vez, puede ser recurrido también a la Cámara Nacional de Casación Penal. Su sentencia, aunque sólo excepcionalmente, puede ser cuestionada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Concluidos todos estos pasos posibles, y firme la decisión del juez federal, en caso de procesamiento el fiscal puede solicitar la elevación de la causa a juicio oral. Este planteo es resuelto por el magistrado, cuya decisión corre el mismo camino de apelaciones trazado antes. Si llega la causa a juicio ante el Tribunal Oral Federal, su fallo también es recurrible antes de quedar firme.
La trascendencia del trámite judicial que se está llevando a cabo con los imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la década del 70 fue destacada por el fiscal federal Emilio Ferrer. “Hay una gran y febril actividad en los tribunales a impulso de esta Fiscalía y con recepción favorable por parte del juzgado federal de Jorge Parache”, señaló. “Estamos realizando indagatorias casi todos los días a distintos personajes, como Antonio Bussi, Luciano Benjamín Menéndez y Mario Heriberto Albornoz, y pidiendo muchas otras más. Se está en la búsqueda del paradero de militares, policías y civiles que no son hallados, como el caso emblemático de Antonio Arrechea, y de algunos que ni siquiera sabemos si están vivos o muertos”, informó.
“La toma de indagatoria es esencial en el proceso -porque sin ella los actos judiciales pueden ser declarados nulos- en cumplimiento del derecho constitucional a la libre defensa en juicio -explicó-, que no se puede soslayar aunque se esté frente a un genocida”. “En la audiencia, al imputado se le describen los hechos y se le informa sobre las pruebas con que se cuenta, para hacerle conocer fehacientemente la acusación. Puede abstenerse de hablar o incluso mentir, porque nadie está obligado a declarar en su contra”, aclaró.
Plazo para definirse
Luego de las indagatorias, el juez tiene 10 días hábiles para definir la situación procesal de cada persona; puede disponer su procesamiento (con o sin prisión preventiva) o su exculpación. Cualquiera que fuese la decisión, tanto el fiscal actuante como la defensa pueden apelar la medida ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. El fallo que emita este tribunal, a su vez, puede ser recurrido también a la Cámara Nacional de Casación Penal. Su sentencia, aunque sólo excepcionalmente, puede ser cuestionada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Concluidos todos estos pasos posibles, y firme la decisión del juez federal, en caso de procesamiento el fiscal puede solicitar la elevación de la causa a juicio oral. Este planteo es resuelto por el magistrado, cuya decisión corre el mismo camino de apelaciones trazado antes. Si llega la causa a juicio ante el Tribunal Oral Federal, su fallo también es recurrible antes de quedar firme.









