La indagatoria evita que el trámite judicial sea nulo

Ferrer explicó por qué se cita a los procesados. El juez tiene 10 días hábiles para definir la situación de cada imputado.

Por Redacción Política 06 Abril 2006
Las audiencias para tomar declaración indagatoria al acusado de un delito son un paso fundamental en la causa, aunque quien sea interrogado se niegue a hablar.
La trascendencia del trámite judicial que se está llevando a cabo con los imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la década del 70 fue destacada por el fiscal federal Emilio Ferrer. “Hay una gran y febril actividad en los tribunales a impulso de esta Fiscalía y con recepción favorable por parte del juzgado federal de Jorge Parache”, señaló. “Estamos realizando indagatorias casi todos los días a distintos personajes, como Antonio Bussi, Luciano Benjamín Menéndez y Mario Heriberto Albornoz, y pidiendo muchas otras más. Se está en la búsqueda del paradero de militares, policías y civiles que no son hallados, como el caso emblemático de Antonio Arrechea, y de algunos que ni siquiera sabemos si están vivos o muertos”, informó.
“La toma de indagatoria es esencial en el proceso -porque sin ella los actos judiciales pueden ser declarados nulos- en cumplimiento del derecho constitucional a la libre defensa en juicio -explicó-, que no se puede soslayar aunque se esté frente a un genocida”. “En la audiencia, al imputado se le describen los hechos y se le informa sobre las pruebas con que se cuenta, para hacerle conocer fehacientemente la acusación. Puede abstenerse de hablar o incluso mentir, porque nadie está obligado a declarar en su contra”, aclaró.

Plazo para definirse

Luego de las indagatorias, el juez tiene 10 días hábiles para definir la situación procesal de cada persona; puede disponer su procesamiento (con o sin prisión preventiva) o su exculpación. Cualquiera que fuese la decisión, tanto el fiscal actuante como la defensa pueden apelar la medida ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. El fallo que emita este tribunal, a su vez, puede ser recurrido también a la Cámara Nacional de Casación Penal. Su sentencia, aunque sólo excepcionalmente, puede ser cuestionada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Concluidos todos estos pasos posibles, y firme la decisión del juez federal, en caso de procesamiento el fiscal puede solicitar la elevación de la causa a juicio oral. Este planteo es resuelto por el magistrado, cuya decisión corre el mismo camino de apelaciones trazado antes. Si llega la causa a juicio ante el Tribunal Oral Federal, su fallo también es recurrible antes de quedar firme.







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