Arrojaron huevos e insultaron a Bussi

Llegó a los tribunales federales cerca de las 7.30, y luego de dos horas partió, raudamente, de regreso al ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde está detenido. Treinta minutos después, llegó al lugar un centenar de militantes de organismos políticos, estudiantiles y de derechos humanos. La madrugadora actitud de Antonio Domingo Bussi buscaba evitar cualquier roce entre los miembros del importante operativo de seguridad montado y los manifestantes, en el momento del desplazamiento del ex gobernador.
Apenas un puñado de jóvenes estaba apostado en la esquina de Congreso y Las Piedras cuando salió el vehículo con Bussi en su interior. Mientras lo insultaban, lograron tirarle algunos huevos desde detrás de unas vallas, bajo la vigilancia de una veintena de efectivos fuertemente pertrechados con armamento antidisturbios.
La imagen que el ex gobernador no vio desde atrás de la cortina de la ambulancia en la que se trasladó fue la del numeroso y compacto grupo, liderado por familiares de detenidos desaparecidos, que reclamaba la aceleración de las causas por delitos de lesa humanidad. "Bussi, asesino, vas a pagar; será implacable la Justicia popular", fue uno de los cánticos más escuchados ayer.
La audiencia, realizada a primera hora en el Juzgado Federal de Jorge Parache, estuvo relacionada con el secuestro del médico pediatra Carlos Román Apaza, ocurrido en 1977, mientras Bussi gobernaba la provincia en el marco de la última dictadura militar.
Bussi volvió a negarse a declarar sobre el hecho en sí, aunque dejó constancia en el expediente de su desconocimiento de la competencia del juez para entender en esta causa; de que los delitos por los cuales lo acusan están prescriptos, se extinguieron o ya fueron juzgados; y de que urge su regreso a la Capital Federal por sus problemas crecientes de salud, que pueden derivar -dijo- en una intervención quirúrgica en las vías coronarias.

Documento conjunto
"Nos reunimos para exigir, una vez más, que los procesos judiciales contra los responsables y los participantes en las desapariciones de cientos de tucumanos, entre 1975 y 1983, tengan las condenas que corresponden por los delitos de lesa humanidad llevados a cabo durante el Operativo Independencia y el Proceso de Reorganización Nacional", se planteó en el documento conjunto firmado por Familiares de Detenidos Desaparecidos; por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; por las Madres de Plaza de Mayo; por Hijos y por organizaciones universitarias, políticas y piqueteras.
Los convocantes a la marcha reclamaron la cárcel efectiva en prisiones ordinarias de los militares y policías detenidos, y el juicio a los cuadros medios del Ejército, de la Gendarmería y de la Policía. También se pronunciaron contra la demora en el impulso de las investigaciones en la Fiscalía Federal y denunciaron la presencia de lo que calificaron como "aliados del bussismo en la estructura de la Justicia Federal".
"Hay terribles carencias en infraestructura, y una lentitud pasmosa, lo que es una contradicción con la política nacional en derechos humanos", señaló Marta Rondoletto.