“El sano entretenimiento, como actividad para el rato de ocio, se fue perdiendo. Se pasó de la apuesta eventual a la desesperación sistemática”. La reflexión del escritor Mempo Giardinelli se ajusta a la realidad de Tucumán en los últimos años: 60 casas de juego, 2.200 maquinitas autorizadas y una actividad que moviliza $ 877.700 diarios.
Que los tucumanos gasten cada vez más dinero en tentar a la suerte dejó de ser una sospecha. Pero surgen dos interrogantes, ¿El Estado debe fomentar el fenómeno? ¿Alguien planteó una seria oposición? La respuesta parece ser negativa. En realidad, la discusión en sede judicial es apenas coyuntural, porque sólo objeta el lugar escogido. En efecto, si Casino Club dispone ubicar sus 1.000 tragamonedas en otro predio, el juicio devendrá abstracto. Si como política de Estado se pretende generar mayores ingresos con la promoción del juego, habrá que reconocer que se fracasó: de los $ 320 millones que en 2005 movilizó en forma oficial la actividad, sólo $ 44 millones quedaron en las arcas públicas. Tampoco puede decirse que el resto haya quedado en el bolsillo de los tucumanos. De hecho, el 47% de la población sigue siendo pobre, según las cifras oficiales.
Frente a esta realidad, las autoridades terminan por darle la razón a Giardinelli: “lo que los gobiernos impulsaron al fomentar el juego no es otra cosa que una forma eficiente de control social. Y es que cuando la desesperanza gana a la gente, la gente se inventa esperanzas mágicas”.
Que los tucumanos gasten cada vez más dinero en tentar a la suerte dejó de ser una sospecha. Pero surgen dos interrogantes, ¿El Estado debe fomentar el fenómeno? ¿Alguien planteó una seria oposición? La respuesta parece ser negativa. En realidad, la discusión en sede judicial es apenas coyuntural, porque sólo objeta el lugar escogido. En efecto, si Casino Club dispone ubicar sus 1.000 tragamonedas en otro predio, el juicio devendrá abstracto. Si como política de Estado se pretende generar mayores ingresos con la promoción del juego, habrá que reconocer que se fracasó: de los $ 320 millones que en 2005 movilizó en forma oficial la actividad, sólo $ 44 millones quedaron en las arcas públicas. Tampoco puede decirse que el resto haya quedado en el bolsillo de los tucumanos. De hecho, el 47% de la población sigue siendo pobre, según las cifras oficiales.
Frente a esta realidad, las autoridades terminan por darle la razón a Giardinelli: “lo que los gobiernos impulsaron al fomentar el juego no es otra cosa que una forma eficiente de control social. Y es que cuando la desesperanza gana a la gente, la gente se inventa esperanzas mágicas”.










