Se trabó el proceso contra la sala de juegos

La Provincia, el Jockey Club y la empresa Casino Club están empecinados en habilitar un megacasino con 1.000 máquinas tragamonedas en los predios del hipódromo. Ayer, los abogados de las partes demandadas se encargaron de cerrar todas las puertas para que la Justicia proceda a la provisión de las pruebas ofrecidas por la Federación de Organizaciones Ambientalistas no Gubernamentales.
La organización, con una acción de amparo presentada el 26 de diciembre de 2004, logró frenar la concreción del emprendimiento a través de una medida cautelar. Sin embargo, aún resta que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo resuelva la cuestión de fondo; es decir, la habilitación o no del centro de entretenimientos.
Los ambientalistas, en su demanda, objetan el impacto que tendrían las obras previstas por la firma patagónica en el parque 9 de Julio.
En ese afán, requirieron a los camaristas la producción de pruebas, consistentes en la opinión de un perito ordenador de territorios e informes de instituciones intermedias, como el Colegio de Arquitectos, la Sociedad Amigos del Arbol y el Colegio de Biólogos. Pero, tanto el Estado (por intermedio de Fiscalía y de la Caja Popular de Ahorros) como el Jockey Club y Casino Club, plantearon sendos recursos de revocatoria contra la decisión del vocal Carlos Giovanniello de proveer la prueba ofrecida por la demandante.
Durante la audiencia celebrada ayer, las partes no lograron llegar a un acuerdo y decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes 31 de marzo. Los sectores que impulsan el proyecto insistieron en su oposición a las pruebas requeridas, con el objetivo de que los camaristas resuelvan la cuestión de fondo en el corto plazo. De todas maneras, en la sala temen que el expediente siga congelado, producto de las estrategias procesales llevadas a cabo por las partes en el juicio.

HECHOS CLAVE

LENTO AVANCE.- Los ambientalistas presentaron una acción de amparo el 26 de diciembre de 2004. A través de una medida cautelar, la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo frenó la instalación de 1.000 maquinitas en el hipódromo. Luego, la Dirección de Medio Ambiente firmó una resolución mediante la cual fue aprobado el certificado de impacto ambiental de las obras.

 SIN RESOLUCION.- Los ambientalistas requieren la opinión de un perito e informes de entidades intermedias, a lo que se oponen las partes demandadas. El problema, según los demandados, radica en que, actualmente, en la Justicia provincial no hay disponible un profesional que reúna las características propuestas por los demandantes, lo que dilatará aún más el proceso. Insisten en objetar la provisión de pruebas solicitadas por la federación.