17 Marzo 2006 Seguir en 
La dimisión del secretario de Derechos Humanos, Bernardo Lobo Bugeau, provocó reacciones encontradas en la propia oposición.
Desde el Partido Obrero, se acusó al gobernador, José Alperovich, de preferir en su gabinete a los funcionarios bussistas, en referencia a la ratificación en el cargo del ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo. "Lo hace justo cuando el pueblo argentino se apresta a movilizarse en el 30 aniversario del golpe de estado de 1976", manifestó el constituyente Daniel Blanco.
En sentido contrario se expresó Pablo Calvetti, ex defensor de Antonio Bussi y miembro de la junta de Gobierno de FR. "Es un signo positivo que el Gobierno se desprenda de un funcionario que se dedicó a defender el derecho de los terroristas, cuando en realidad lo que tenía que hacer era trabajar junto a los otros sectores gubernamentales en defensa de la gente", aseveró.
Contrapunto peronista
Desde el oficialismo, el subsecretario de Control de Gestión del Ministerio de Seguridad Ciudadana, Fernando Hebia, defendió la tarea de la cartera al señalar que los derechos humanos son un tema intrínseco a las políticas de las fuerzas de seguridad. "Es la posición del Gobierno nacional y es compartida en la provincia", expresó. Destacó que una Policía democrática se basa en la naturaleza de su labor, como un servicio al público. Sin embargo, apuntó: "no debemos olvidarnos de que la Policía es un emergente del pasado totalitario y que el servicio policial, en mi opinión, debe ser controlado por la sociedad a través de poderosos mecanismos de supervisión".
A contrapelo, el titular de la junta departamental capital del PJ, Enrique Romero, cuestionó que Baillo fuera confirmado en su cargo. "Según la jurisprudencia de la Justicia local, negligencia es toda forma pasiva de imprudencia, e implica la inobservancia de reglas cuyo cumplimiento evitaría, por ejemplo, una tragedia. Y, de acuerdo con la ley 7.319, el ministro de Seguridad entiende en el registro y la fiscalización del transporte terrestre de su jurisdicción", aseveró el justicialista.
Romero, como se recordará, presentó el miércoles, en la Legislatura, un pedido de juicio político en contra de Baillo.
Desde el Partido Obrero, se acusó al gobernador, José Alperovich, de preferir en su gabinete a los funcionarios bussistas, en referencia a la ratificación en el cargo del ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo. "Lo hace justo cuando el pueblo argentino se apresta a movilizarse en el 30 aniversario del golpe de estado de 1976", manifestó el constituyente Daniel Blanco.
En sentido contrario se expresó Pablo Calvetti, ex defensor de Antonio Bussi y miembro de la junta de Gobierno de FR. "Es un signo positivo que el Gobierno se desprenda de un funcionario que se dedicó a defender el derecho de los terroristas, cuando en realidad lo que tenía que hacer era trabajar junto a los otros sectores gubernamentales en defensa de la gente", aseveró.
Contrapunto peronista
Desde el oficialismo, el subsecretario de Control de Gestión del Ministerio de Seguridad Ciudadana, Fernando Hebia, defendió la tarea de la cartera al señalar que los derechos humanos son un tema intrínseco a las políticas de las fuerzas de seguridad. "Es la posición del Gobierno nacional y es compartida en la provincia", expresó. Destacó que una Policía democrática se basa en la naturaleza de su labor, como un servicio al público. Sin embargo, apuntó: "no debemos olvidarnos de que la Policía es un emergente del pasado totalitario y que el servicio policial, en mi opinión, debe ser controlado por la sociedad a través de poderosos mecanismos de supervisión".
A contrapelo, el titular de la junta departamental capital del PJ, Enrique Romero, cuestionó que Baillo fuera confirmado en su cargo. "Según la jurisprudencia de la Justicia local, negligencia es toda forma pasiva de imprudencia, e implica la inobservancia de reglas cuyo cumplimiento evitaría, por ejemplo, una tragedia. Y, de acuerdo con la ley 7.319, el ministro de Seguridad entiende en el registro y la fiscalización del transporte terrestre de su jurisdicción", aseveró el justicialista.
Romero, como se recordará, presentó el miércoles, en la Legislatura, un pedido de juicio político en contra de Baillo.
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