La información, clave republicana

Una circunstancia aparentemente intrascendente -el breve descanso estival de 10 días del presidente Kirchner- ha dado lugar a un enojoso episodio, a raíz de una versión periodística, según la cual el jefe del Gobierno se encontraría enfermo, por cuya situación su esposa habría viajado a Estados Unidos para consultar con especialistas. Dicha versión y sus consecuentes especulaciones por algunos medios fue desmentida rápidamente por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien aclaró: "el Presidente está como cualquier argentino, tomándose un mínimo descanso, que se lo tiene bien ganado". Pero el funcionario, notoriamente molesto por el rumor de un periódico dominical, se preguntó, además, por qué el Presidente tiene que dar una explicación ante versiones que pueden "generar zozobra, preocupación o algún tipo de reacción" en la sociedad. En el interrogante del ministro se halla precisamente la respuesta, pues en ningún momento se informó que el jefe del Gobierno tomaría esa licencia, por lo que sólo se trataría del fin de semana largo coincidente con el fin de año. Si en la Casa Rosada se hubiese respondido oportunamente a los requerimientos de información sobre la actividad presidencial, tan enojosa versión y las consiguientes especulaciones no habrían tenido lugar, y el ministro político podría haberse ahorrado en la ocasión los despectivos prejuicios oficiales deparados habitualmente a la prensa.A veces, en política, lo pequeño es testimonial de lo mayor, como en este caso, donde el interés apunta nada menos que al presidente Kirchner, cuya gestión centralizadora de gobierno condiciona al Poder Ejecutivo de tal manera, que anula autonomías necesarias de sus colaboradores. El anuncio de unas vacaciones de dos semanas habría requerido la gestión sustituta del vicepresidente, Daniel Scioli, situación que en las actuales circunstancias corrobora aquella relación entre lo pequeño y lo mayor. La transparencia de los actos públicos -se ha señalado en numerosas ocasiones en este lugar- es una de las exigencias esenciales para asegurar la calidad del sistema democrático de gobierno. Solamente con esa condición es posible que la ciudadanía disponga adecuadamente del conocimiento sobre la actividad de sus representantes, sin el cual no es factible valorar la gestión pública. En este punto, el Estado nacional tiene una larga tradición en la preservación del secreto y el ocultamiento de sus actos, conducta que llegó a ser funcional en momentos de crisis a la violación de los derechos humanos y a la corrupción institucional. Tradición que inclusive en gobiernos con origen democrático como el actual hace que se sostenga que el periodismo, como medio de comunicación, es secundario, y el acceso a la información pública quede circunscripto a la voluntad de los funcionarios.
Este último punto es clave en la serie de deberes pendientes que la actual administración comprometió en sus orígenes. Se trata del proyecto de ley de acceso a la información pública que en mayo de 2003 aprobó la Cámara de Diputados y que, al pasar al Senado, la Comisión de Asuntos Constitucionales demoró más de un año, limitando sus alcances y quedando sin sanción legislativa. La iniciativa original, promovida por la Oficina Anticorrupción y por numerosos sectores académicos, políticos y sociales, quedó finalmente desactivada y, en consecuencia, los cristales del poder polarizados por el monopolio oficial de la información. Si donde cabe lo más cabe lo menos, como reza el axioma, ¿por qué -como piensa el ministro político- el Presidente ha de informar sobre sus merecidas vacaciones? Por la sencilla razón de que debe haber, al menos, algún sector de la opinión pública que esté interesado en una explicación razonable y valedera sobre las actividades del más alto funcionario de la República.