El Gobierno provincial se sentó sobre la caja y advierte que este año será difícil para las finanzas públicas. Los gremialistas suelen decir que no comen vidrio y apuntan a que el Poder Ejecutivo está administrando más de $ 200 millones mensuales que alcanzan y sobran para cubrir los gastos del Estado. Y, desde esa óptica, avanzan con sus planteos por recomposición salarial para los empleados públicos, después de dos años consecutivos con fuertes ingresos fiscales en Tucumán.
Pese a la intransigencia pública por conservar los ahorros fiscales, los funcionarios de la Casa de Gobierno son conscientes de que, en algún momento, tendrán que contestar los petitorios sindicales, sin importar las siglas.
Es de reconocer, además, que el gremialismo tucumano está tan dividido que los reclamos pierden fuerza. Eso lo saben los negociadores del poder, y aprovechan esa circunstancia para sentarse con unos y postergar las reuniones con otros. El discurso oficial también tiene condimentos políticos. Desde el Ejecutivo sostienen que era previsible que los gremialistas reaccionen ante un inminente proceso eleccionario.
La discusión salarial no aparece entre las prioridades oficiales para los primeros meses de este nuevo año. Hasta ahora, no hay intenciones de modificar el Presupuesto vigente que contempla un gasto anual de $ 1.218 millones para atender los salarios del personal que, redondeando la cifra, llega a los 70.000 agentes.
Los allegados al gobernador José Alperovich estiman que hacia fines de marzo o abril próximo alumbrará una propuesta de mejora al sector público. Para entonces se espera que el presidente Néstor Kirchner anuncie el otorgamiento de otra suma fija y no remunerativa. Los funcionarios que responden a la ministra de Economía, Felisa Miceli, se mostraron nerviosos frente a la posibilidad de reajustar las finanzas para otorgar nuevos aumentos. De esa manera, el superávit se consumirá y habrá menos margen de maniobra para atender otros gastos o cualquier contingencia que suceda en la economía nacional. Además, la Nación perdería argumentos para reclamarles a las provincias que se sienten sobre los ahorros, porque estos se consumirían con la posible suba salarial.
En el Ministerio de Economía de la provincia comenzaron a realizar cálculos sobre el costo de un incremento. Así, en un informe preliminar, se llegó a la conclusión que un aumento de sueldos de $ 100 a cada estatal implicaría un gasto anual de $ 84 millones. En otros términos, los técnicos de Economía afirman que no sólo se consumirá el superávit previsto para este año, sino que la Provincia incumpliría las metas previstas en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Las especulaciones crecen tanto como lo hace la inflación. Para el primer trimestre del año se espera que haya un incremento del costo de vida en el país, por efecto del turismo y por los tradicionales gastos que efectúa la población al arrancar el ciclo lectivo. El poder adquisitivo de los trabajadores se resentirá, aún más, hacia el final del primer semestre del año. Para esa época se estima que se cerrarán las negociaciones entre el Gobierno y las empresas de servicios públicos privatizados, que redundará en un reajuste de las tarifas.
Los sindicalistas tienen en cuenta todos esos hechos a la hora de sentarse a discutir, con el Gobierno, el aumento en las remuneraciones. Por ahora, en Tucumán, ninguno de los referentes piensa en llevar las bases a la calle, como sucedió en otras gestiones, cuando las protestas callejeras eran moneda corriente. Sin embargo, tanto a gremialistas como a dirigentes políticos de la oposición los desvela el interés por saber dónde están guardadas las reservas financieras del Estado porque, según dicen, esos fondos podrían servir para recomponer los salarios.
