08 Enero 2006 Seguir en 
El año político y económico no tuvo respiro. Este enero entró marcado por el juicio político a una camarista, que se sustancia en la Legislatura; el caso -en cierto modo- precede a un debate más esperado y que los tucumanos comenzarán a zanjar el 19 de febrero, cuando se vote para definir las características de la reforma constitucional. Pero en el escenario de estos días también otra polémica fuerte comenzó a instalarse en un terreno suprasectorial, a raíz de que el Gobierno retomó la decisión de implantar un nuevo código tributario en la provincia.
La marca de este escenario toma cuerpo; probablemente este no será un verano calmo para una parte de la dirigencia tucumana. Esas inquietudes, en realidad, deberían merecer una movilización mayor y una amplia participación: una nueva Carta Magna para todos los tucumanos y las bases legales para la aplicación de los impuestos provinciales son los pilares de las principales instituciones jurídicas de la provincia. Y en ambos proyectos, que marcarán por un buen tiempo las relaciones políticas, institucionales, económicas, comerciales y financieras de los tucumanos, el discurso único se consolida.
Sin otros actores y protagonistas de peso, el oficialismo -el Gobierno, en gran medida- avanza hacia una concentración de decisiones y poder. El gran momento de la economía general del país y el fuerte superávit fiscal que maneja parece darle márgenes de maniobras amplísimas al PE. Y acaso sientan que el éxito electoral de octubre le abre un camino soñado, infinito. Ante una oposición anémica, diluida y sin capacidad política, sólo sectores profesionales y empresarios parecen haber tomado conciencia del rumbo de estas cosas. A ellos se los ve en reuniones y en contactos frenéticos, en viajes por el interior y en la búsqueda de propuestas alternativas para enfrentar lo que seguro será una ampliación de la base imponible para sus actividades y empresas.
Las quejas
Los empresarios y los profesionales no reemplazarán la responsabilidad de los partidos políticos, pero hoy, ante la voracidad fiscal del Gobierno aparecen -en este ámbito- resumiendo con sus quejas la opinión de un sector clave de la sociedad. Tampoco están todos y no tienen una misma visión de la realidad, pero el sector parece recobrar protagonismo después de una larga ausencia. La dirigencia empresaria y profesional supo tener un espacio grande y fuerte en importantes momentos de la vida institucional de la provincia. Pero hay otra constatación que señalar. En el amplio marco que construyó el oficialismo -con el peronismo como una de sus vertientes principales- se incluye también a un sector de la oposición, acaso a la oposición con número propio. ¿Hay un contrapeso interno dentro del propio oficialismo?, ¿es el oficialismo un bloque monolítico? Se sabe, buena parte del debate que trasciende y gana color en la calle se resuelve en ese ámbito de voces aparentemente distintas; las diferencias y los matices casi nunca llegaron a mayores.
Ejemplos: el justicialismo aprobó a pie juntillas el Presupuesto provincial 2006 y algunos opositores lo acompañaron sin tantas diferencias. Y con el nuevo código tributario ya en estado legislativo es en el propio oficialismo donde han comenzado a centrarse las diferencias: el ministro Jorge Jiménez y el vicegobernador Fernando Juri se han mostrado los dientes. Y es también el propio oficialismo legislativo el que mejor maneja los controles y el pulso de la política interna. “Yo estoy conforme en general con la gestión, pero creo que el sector público debería acelerar procesos en marcha, como la implementación del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán, que está demorado y que será de gran valor para nuestra economía, lo mismo que las políticas de turismo y de integración con las provincias de la región”, apuntó uno de los legisladores del Gobierno.
Uno de los motivos de demora en la puesta en marcha del organismo que “le agregará materia gris al Estado” -según dijo un funcionario- y que tendrá un presupuesto de $ 1,9 millón, es el armado de su directorio y la designación de su línea ejecutiva.
Voces de alarma
Acaso porque consideran que hay déficits compartidos en un momento de tanta gracia y beneficios, empresarios y hombres de negocios ponen distancias con el Gobierno y la oposición . “Salvo pocas excepciones, la oposición jamás tocó los temas económicos o de inversiones; no tiene capacidad política, ni número, y tampoco vimos que se quejaran mucho”, dicen desde la Federación Económica. Esas voces también están alarmadas por el rumbo que puede tomar la Convención Constituyente en cuanto a la posibilidad de que se impulse la reelección indefinida para el gobernador o que se eliminen ciertos controles constitucionales a la gestión de gobierno. “Pensábamos que ya era tiempo de la alfombra roja para las inversiones, pero ahora, con el código tributario que impulsan, lo más probable es que se ahuyente a cualquiera que quiera invertir”, se escucha en los ámbitos empresarios cuando hablan de los planes del Gobierno.
Pero no habría que ser injusto con los sectores opositores. Fue el voto popular el que los ubicó en ese lugar y no otra cosa. Y hay señalados integrantes, legisladores, por caso, que también han marcado lo que otros quieren ocultar.
“Para 2006, se aprobó un presupuesto de $ 2.890 millones y también deben llegar los envíos de la Nación por $ 1.200 millones que anunció Cristina Kirchner; son sumas enormes, una brutalidad de plata que el Gobierno sólo gasta en función de sus intereses políticos, no en función de un plan armónico para la provincia”, advirtió un legislador.
Las inversiones y los gastos de la administración merecerían un debate monográfico. Han ingresado sumas extraordinarias y es evidente que comienza a aparecer “otro” Tucumán. Nadie podrá borrar lo hecho, pero es necesario decir que con tantos ingresos siguen pendientes los proyectos que darán sustentabilidad al crecimiento económico. La falta de agua en muchos lugares podría resolverse con la construcción del dique Potrero de las Tablas, por ejemplo. Una lista de atrasos busca respuestas ahora y las urgencias del Gobierno no parecen a tono con estas demandas más profundas. Hoy, probablemente muy pocos puedan hacerse cargo de un planteo que va más allá de las formas.
La marca de este escenario toma cuerpo; probablemente este no será un verano calmo para una parte de la dirigencia tucumana. Esas inquietudes, en realidad, deberían merecer una movilización mayor y una amplia participación: una nueva Carta Magna para todos los tucumanos y las bases legales para la aplicación de los impuestos provinciales son los pilares de las principales instituciones jurídicas de la provincia. Y en ambos proyectos, que marcarán por un buen tiempo las relaciones políticas, institucionales, económicas, comerciales y financieras de los tucumanos, el discurso único se consolida.
Sin otros actores y protagonistas de peso, el oficialismo -el Gobierno, en gran medida- avanza hacia una concentración de decisiones y poder. El gran momento de la economía general del país y el fuerte superávit fiscal que maneja parece darle márgenes de maniobras amplísimas al PE. Y acaso sientan que el éxito electoral de octubre le abre un camino soñado, infinito. Ante una oposición anémica, diluida y sin capacidad política, sólo sectores profesionales y empresarios parecen haber tomado conciencia del rumbo de estas cosas. A ellos se los ve en reuniones y en contactos frenéticos, en viajes por el interior y en la búsqueda de propuestas alternativas para enfrentar lo que seguro será una ampliación de la base imponible para sus actividades y empresas.
Las quejas
Los empresarios y los profesionales no reemplazarán la responsabilidad de los partidos políticos, pero hoy, ante la voracidad fiscal del Gobierno aparecen -en este ámbito- resumiendo con sus quejas la opinión de un sector clave de la sociedad. Tampoco están todos y no tienen una misma visión de la realidad, pero el sector parece recobrar protagonismo después de una larga ausencia. La dirigencia empresaria y profesional supo tener un espacio grande y fuerte en importantes momentos de la vida institucional de la provincia. Pero hay otra constatación que señalar. En el amplio marco que construyó el oficialismo -con el peronismo como una de sus vertientes principales- se incluye también a un sector de la oposición, acaso a la oposición con número propio. ¿Hay un contrapeso interno dentro del propio oficialismo?, ¿es el oficialismo un bloque monolítico? Se sabe, buena parte del debate que trasciende y gana color en la calle se resuelve en ese ámbito de voces aparentemente distintas; las diferencias y los matices casi nunca llegaron a mayores.
Ejemplos: el justicialismo aprobó a pie juntillas el Presupuesto provincial 2006 y algunos opositores lo acompañaron sin tantas diferencias. Y con el nuevo código tributario ya en estado legislativo es en el propio oficialismo donde han comenzado a centrarse las diferencias: el ministro Jorge Jiménez y el vicegobernador Fernando Juri se han mostrado los dientes. Y es también el propio oficialismo legislativo el que mejor maneja los controles y el pulso de la política interna. “Yo estoy conforme en general con la gestión, pero creo que el sector público debería acelerar procesos en marcha, como la implementación del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán, que está demorado y que será de gran valor para nuestra economía, lo mismo que las políticas de turismo y de integración con las provincias de la región”, apuntó uno de los legisladores del Gobierno.
Uno de los motivos de demora en la puesta en marcha del organismo que “le agregará materia gris al Estado” -según dijo un funcionario- y que tendrá un presupuesto de $ 1,9 millón, es el armado de su directorio y la designación de su línea ejecutiva.
Voces de alarma
Acaso porque consideran que hay déficits compartidos en un momento de tanta gracia y beneficios, empresarios y hombres de negocios ponen distancias con el Gobierno y la oposición . “Salvo pocas excepciones, la oposición jamás tocó los temas económicos o de inversiones; no tiene capacidad política, ni número, y tampoco vimos que se quejaran mucho”, dicen desde la Federación Económica. Esas voces también están alarmadas por el rumbo que puede tomar la Convención Constituyente en cuanto a la posibilidad de que se impulse la reelección indefinida para el gobernador o que se eliminen ciertos controles constitucionales a la gestión de gobierno. “Pensábamos que ya era tiempo de la alfombra roja para las inversiones, pero ahora, con el código tributario que impulsan, lo más probable es que se ahuyente a cualquiera que quiera invertir”, se escucha en los ámbitos empresarios cuando hablan de los planes del Gobierno.
Pero no habría que ser injusto con los sectores opositores. Fue el voto popular el que los ubicó en ese lugar y no otra cosa. Y hay señalados integrantes, legisladores, por caso, que también han marcado lo que otros quieren ocultar.
“Para 2006, se aprobó un presupuesto de $ 2.890 millones y también deben llegar los envíos de la Nación por $ 1.200 millones que anunció Cristina Kirchner; son sumas enormes, una brutalidad de plata que el Gobierno sólo gasta en función de sus intereses políticos, no en función de un plan armónico para la provincia”, advirtió un legislador.
Las inversiones y los gastos de la administración merecerían un debate monográfico. Han ingresado sumas extraordinarias y es evidente que comienza a aparecer “otro” Tucumán. Nadie podrá borrar lo hecho, pero es necesario decir que con tantos ingresos siguen pendientes los proyectos que darán sustentabilidad al crecimiento económico. La falta de agua en muchos lugares podría resolverse con la construcción del dique Potrero de las Tablas, por ejemplo. Una lista de atrasos busca respuestas ahora y las urgencias del Gobierno no parecen a tono con estas demandas más profundas. Hoy, probablemente muy pocos puedan hacerse cargo de un planteo que va más allá de las formas.
Lo más popular
Ranking notas premium
