No hay de qué

Por Juan Carlos Di Lullo. Los gobernantes monopolizan el derecho al bronce.

08 Enero 2006

El cajero de un banco termina su jornada de trabajo y efectúa los cálculos de las operaciones realizadas, que arrojan resultado correcto. El hombre ha pagado cheques, ha cobrado facturas, ha recibido depósitos y ha entregado dinero por extracciones sin que le falte o le sobre un solo centavo. Sin embargo, no hay por ello un acto al que concurra una multitud con bombos y pancartas, y su nombre no es vitoreado por una concurrencia entusiasta.
Al cerrarse el período lectivo, una maestra comprueba que, a pesar de la falta de elementos, de algunos días de clase que se perdieron por distintos motivos, y de muchos inconvenientes que se presentaron, los contenidos que debía impartir han sido dictados; constata también, a través de las evaluaciones, que la mayoría de los alumnos ha alcanzado las metas propuestas. Pero no hay manifestaciones de apoyo a esta maestra, ni cortes de tránsito para realizar actos en los que se le agradezca el cumplimiento de su tarea.
Un médico termina de atender a una larga lista de pacientes que se han presentado a la consulta en el hospital en el que trabaja. Ha resuelto algunos problemas, y ha derivado a los especialistas correspondientes otros casos que, por su complejidad, no podrán ser tratados por él. Se reúne con sus colegas, que han terminado de realizar las cirugías programadas y los estudios y análisis prescriptos por otros facultativos del hospital. La jornada de trabajo ha concluido satisfactoriamente, pero ningún medio de prensa se acerca para requerir declaraciones de los profesionales. No hay cámaras de televisión para registrar las impresiones de estos hombres que cumplieron con su tarea.
En todo el país, millones de amas de casa, estudiantes, artistas, obreros, empresarios, profesionales o empleados llevan a cabo sus obligaciones silenciosamente, y a ninguno de ellos se le ocurre que este hecho tendría que ser destacado a través de un acto público en el que quede debidamente subrayado su dedicación y su patriotismo.
Sin embargo, esos mismos ciudadanos están acostumbrados a presenciar demostraciones públicas en las que se agradece a voz en cuello y a través de rítmicos estribillos la labor realizada por los gobernantes o los funcionarios públicos. Las inauguraciones de cuadras pavimentadas, de sistemas de iluminación de avenidas, de nuevos pabellones en centros asistenciales y otras realizaciones más modestas suelen ser ocasión de multitudinarias reuniones en las que abundan los vítores hacia el funcionario que aparece como responsable de la concreción de la obra. Los periodistas que requieren detalles de la realización recogen en cambio declaraciones que subrayan el protagonismo del gobernante en la concepción y en la gestión de la obra.
Esta práctica, por frecuente, ha enmascarado lo intrínsecamente absurdo de su naturaleza. Nadie -mucho menos un funcionario público- debería esperar un reconocimiento especial por el hecho de cumplir con su tarea. Y debería escapar de la tentación de canalizar el agradecimiento de los ciudadanos hacia una contraprestación de carácter electoral, por ser esto incompatible con los más elementales principios de la calidad institucional y de la propia democracia.
Desde luego, no se trata de proponer una acción de gobierno poco menos que secreta. La publicidad de los actos es otro principio democrático que debe observarse celosamente, pero para que los ciudadanos sepan en qué y cómo se invierte el dinero de sus contribuciones. Nada tiene esto que ver con la propaganda que arrecia en épocas preelectorales y que busca sin demasiados rodeos convencer a la ciudadanía de que los funcionarios -o sus parientes- deben continuar en los cargos para que puedan seguir regalando obras.
La simple observación de los mandatos constitucionales y el apego a comportamientos republicanos conocidos por todos, marcaría notables diferencias en la conducta de los gobernantes. Es cuestión de intentarlo.

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