Los años pasan y la brújula para orientar la organización del régimen municipal no aparece. Lo prueba la última iniciativa que se gesta en la Legislatura para municipalizar a El Mollar, idea surgida al calor nada menos que de la discusión en torno de cuáles son y cuáles deben ser los límites de la Municipalidad de Tafí del Valle.
No se trata de que los vecinos de los tafinistos sean más o menos merecedores de que su población se convierta en una ciudad. Lo que se advierte es que, desde el advenimiento de la democracia, no hubo planificación alguna sobre cómo continuar con la urbanización del territorio. Durante la gobernación de Ramón Ortega, un estudio interdisciplinario (intervinieron el Ministerio de Obras Públicas de España, la Facultad de Arquitectura de la UNT y el Ejecutivo provincial) propuso la creación de 25 nuevos municipios, que absorbieran las 93 comunas rurales. Menos de una década después, estalló la crisis de 2001 y proliferaron las exigencias para que hubiera menos comunas rurales y, de hecho, también menos municipalidades. "Fusionar" era un verbo recurrente para proponer recortes del gasto público.
La propuesta actual de jerarquizar a El Mollar no es inconveniente en sí misma. De hecho, entre 1970 y 1990, América Latina experimentó un gigantesco proceso de descentralización y pasó de 3.000 a 16.000 administraciones locales. En todo caso, lo que sigue encendiendo la alerta en Tucumán es que la propuesta referida a la comuna de los Valles parece originada sólo en el voluntarismo. Para el caso, no se explica por qué hay que municipalizar ese pueblo y no El Manantial, que reúne las condiciones exigidas por la ley 5.529 (Orgánica de Municipios) para ser una ciudad. De hecho, ningún municipio de tercera categoría (La Cocha, Trancas, Graneros, Tafí del Valle y Burruyacu) tiene la mitad de sus 15.000 habitantes. Y Simoca, de segunda categoría, reúne sólo 8.000.
A contramano
Tan importante como diseñar un plan integral que determine un progreso ordenado de las poblaciones del interior provincial, es tener en claro para qué hay que municipalizar una comuna. Es decir, cuál debe ser la función de una municipalidad para su comunidad.
A mediados de los ?90, municipalistas de todo el continente formaron un movimiento del que surgió la Agenda Municipal Latinoamericana. Proponen, desde entonces, una concepción no restrictiva de los municipios. Los ven como sedes territoriales de la democracia participativa, gestores eficientes de servicios públicos, promotores del desarrollo sustentable y generadores de equidad social y de competitividad económica. Ninguno de estos postulados está ni remotamente cerca de la realidad administrativa de las 19 ciudades que conforman Tucumán. Qué decir de las comunas.
Ni qué hablar de responder al mandato democrático de la ciudadanía, del autogobierno, de la capacidad de decisión, del mejoramiento de la calidad de vida de la población y de la provisión eficiente de servicios públicos.
En esta provincia ni siquiera se cumple con la Constitución que se va a reformar. El artículo 111 encomienda a los municipios los intereses morales de la población, justamente aquí, en donde los ediles de Bella Vista se acusaban entre sí de supuesto tráfico de droga y de presunto abuso de menores en sesiones públicas. El artículo 115 reza que los fondos municipales sólo son administrados por los funcionarios del municipio; y el 118, fija que las administraciones locales son independientes en el ejercicio de sus funciones. Pero, Pacto Social mediante, ningún intendente, ni uno solo, hace algo sin pedir permiso en Casa de Gobierno.
La agenda continental reclama un medio ambiente sano y la solidaridad entre ciudades. Aquí, no saben qué lugar contaminar con la basura de la capital. En el exterior, aspiran a la integridad y a la transparencia. Pero en Tafí Viejo, los ediles que un día denuncian un presupuesto irregular, a la semana siguiente lo aprueban sin discusión.
El subtrópico se afianza: hasta el estándar de latinoamericano le queda grande. En verdad, enorme.
