06 Enero 2006 Seguir en 
Una serie de circunstancias trascendentes a partir de los últimos resultados electorales que ampliaron el poder presidencial, así como las dinámicas situaciones políticas que se están produciendo en la región, han dejado poco menos que desorientada a la gestión exterior de la Nación. El punto de partida de esa circunstancia fue el conflictivo desarrollo de la Cumbre de las Américas a escasos días del fallo de las urnas, precedido por los cambios en la Cancillería, donde el alejamiento de Rafael Bielsa puso fin a la relativa autonomía ejecutiva de ese sector del Gobierno. Algo semejante aconteció en la cartera de Economía, con el relevo de Roberto Lavagna y de sus orientaciones en cuanto a la relación con el Fondo Monetario Internacional, rápidamente modificadas por la cancelación de la deuda cuya reestructuración se aguardaba. Esta decisión presidencial era previsible desde el momento en que el presidente de EE.UU. George W. Bush resolvió en la Cumbre marplatense tomar distancia de las relaciones de nuestro país con el FMI, dejándolo sin un padrinazgo esencial ante al organismo multilateral.
Dicha situación se advierte en el reciente informe de la Oficina de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, en el que la relación con la Argentina es calificada de "positiva", un grado menos que el anterior, de "excelente".
Ese informe consigna que nuestro país está poniendo mayor énfasis en las políticas subregionales, lo cual es cierto, pero ello no significa que ellas transcurran con la transparencia que el discurso oficial sugiere.
Precisamente en el Mercosur, donde deberían privilegiarse las estrategias comunes, se advierte cómo el presidente de Brasil refrendó su firme relación con EE.UU. inmediatamente después de la Cumbre de las Américas, y recibió de Bush la calificación de líder regional. Por su parte, el gobierno de Uruguay acaba de suscribir un tratado comercial con Washington, mientras sus relaciones con Buenos Aires atraviesan serias dificultades por el problema de las papeleras y el gobernador de Entre Ríos se maneja con independencia de la Cancillería. Otro hecho sintomático de las desorientaciones advertidas en nuestra política exterior, especialmente en el marco regional, ha sido que el presidente electo de Bolivia, Evo Morales, haya emprendido una extensa gira internacional por el hemisferio, Europa y Asia, y haya eludido incluir en sus escalas a nuestro país. Este caso es tal vez el más paradójico, pues se trata de otro de los eventuales aliados ideológicos cuya admiración no se oculta en el entorno del presidente Kirchner.
La política exterior argentina desde la década pasada quedó definida por la concepción de un solo partido, el justicialista y, más que eso, terminó identificándose por el nombre de quien gobernó, salvo el corto período de la Alianza, en el que no tuvo variantes. Si antes fue la de Carlos Menem y después la de Eduardo Duhalde, ahora es la de Néstor Kirchner, con diferencias tan sustanciales como la crisis que divide al PJ. Esas identificaciones personalistas contrastan con las políticas de Estado que, en el sector externo, mantienen nuestros vecinos, cuyas continuidades señalan inevitablemente a la Argentina como un modelo azaroso de improvisación. La circunstancia se torna más reprobable cuando se observa la extraordinaria postergación que el calificado Servicio Exterior de la Nación padece, en beneficio de intereses políticos que no siempre son los del Estado ni valoran capacidades específicas. La política internacional de un país -especialmente del nuestro, tan afectado por las inestabilidades institucionales- debe ser testimonio de sus intereses fundamentales y permanentes, y su definición producto del consenso necesario para asegurar en el tiempo la confianza en las responsabilidades asumidas.
Dicha situación se advierte en el reciente informe de la Oficina de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, en el que la relación con la Argentina es calificada de "positiva", un grado menos que el anterior, de "excelente".
Ese informe consigna que nuestro país está poniendo mayor énfasis en las políticas subregionales, lo cual es cierto, pero ello no significa que ellas transcurran con la transparencia que el discurso oficial sugiere.
Precisamente en el Mercosur, donde deberían privilegiarse las estrategias comunes, se advierte cómo el presidente de Brasil refrendó su firme relación con EE.UU. inmediatamente después de la Cumbre de las Américas, y recibió de Bush la calificación de líder regional. Por su parte, el gobierno de Uruguay acaba de suscribir un tratado comercial con Washington, mientras sus relaciones con Buenos Aires atraviesan serias dificultades por el problema de las papeleras y el gobernador de Entre Ríos se maneja con independencia de la Cancillería. Otro hecho sintomático de las desorientaciones advertidas en nuestra política exterior, especialmente en el marco regional, ha sido que el presidente electo de Bolivia, Evo Morales, haya emprendido una extensa gira internacional por el hemisferio, Europa y Asia, y haya eludido incluir en sus escalas a nuestro país. Este caso es tal vez el más paradójico, pues se trata de otro de los eventuales aliados ideológicos cuya admiración no se oculta en el entorno del presidente Kirchner.
La política exterior argentina desde la década pasada quedó definida por la concepción de un solo partido, el justicialista y, más que eso, terminó identificándose por el nombre de quien gobernó, salvo el corto período de la Alianza, en el que no tuvo variantes. Si antes fue la de Carlos Menem y después la de Eduardo Duhalde, ahora es la de Néstor Kirchner, con diferencias tan sustanciales como la crisis que divide al PJ. Esas identificaciones personalistas contrastan con las políticas de Estado que, en el sector externo, mantienen nuestros vecinos, cuyas continuidades señalan inevitablemente a la Argentina como un modelo azaroso de improvisación. La circunstancia se torna más reprobable cuando se observa la extraordinaria postergación que el calificado Servicio Exterior de la Nación padece, en beneficio de intereses políticos que no siempre son los del Estado ni valoran capacidades específicas. La política internacional de un país -especialmente del nuestro, tan afectado por las inestabilidades institucionales- debe ser testimonio de sus intereses fundamentales y permanentes, y su definición producto del consenso necesario para asegurar en el tiempo la confianza en las responsabilidades asumidas.







