BUENOS AIRES.- La decisión del gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, de promover en la Legislatura la reforma de la ley de negociaciones laborales, que tratará de limitar el derecho de huelga en "los servicios esenciales para la comunidad", fue precedida por consultas con el Presidente. Kirchner es también partidario de que algo debe hacerse para impedir conflictos abusivos como los registrados recientemente en servicios públicos y que llegaron al desacato de la autoridad laboral. Las habituales encuestas que se realizan para la Casa Rosada están revelando desde hace tiempo que esas situaciones son las que más perjudican la imagen del Gobierno entre la ciudadanía, y el gobernador bonaerense ha tomado la iniciativa que, si tiene éxito, será seguida por el poder central. El proyecto establece que las protestas gremiales deberán comunicarse con anticipación suficiente a las autoridades del sector y acordar con ellas la prestación de servicios esenciales. "Hasta la guerra tiene normas de funcionamiento", ha dicho el ministro de Trabajo bonaerense. En el mayor distrito del país esa situación tiene una gravedad creciente, ya que se une a ella la acción de grupos irregulares que el sindicalismo no controla. Por otra parte, las crecientes demandas salariales y el rumbo hacia un nuevo tiempo electoral requieren respuestas políticas que las autoridades no pueden postergar.
La débil autoridad
Para asegurar la reforma legal, el Gobierno de Solá mantuvo reuniones con una treintena de gremios estatales, pero la mayoría de sus dirigentes han advertido que habrá acciones judiciales para impedir limitaciones al derecho de huelga. El tema aún se considera en silencio por la CGT; pero su secretario general, Hugo Moyano, conoce que Kirchner espera el resultado de Buenos Aires para encararlo en el orden nacional. La ley 25.877, que regula los convenios laborales, califica como servicios esenciales una larga nómina, además de establecer que si se trata de otras actividades de importancia trascendental para la población pueden ser incluidas ocasionalmente. El problema en nuestro país no es la falta de legislación para asegurar intereses vitales de la sociedad, sino la debilidad de la autoridad de aplicación a la hora de ejecutar las normas y los reglamentos. Un estilo peculiar que en los recientes años se justificó frecuentemente por el discurso oficial, mediante la promesa de "no criminalizar la protesta". El proyecto bonaerense no incluye al personal docente, ni al judicial; pero el ministro de Trabajo provincial ha señalado que si los maestros, vaya por caso, extienden un paro por 20 días, es evidente que están afectando un bien esencial. (De nuestra Sucursal)
