Límites al modelo republicano

El debate sobre el proyecto oficialista que modifica el Consejo de la Magistratura está constituyendo un hecho muy referencial de que la República se halla ante un proceso de recomposición política e institucional. Como es notorio, se trata de una iniciativa de la senadora Cristina Fernández de Kirchner con expreso respaldo presidencial, cuya característica fundamental consiste en elevar la intervención del poder político mayoritario, afectando el principio de equilibrio establecido por la Constitución. Así lo han establecido instituciones académicas del Derecho, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, diversas organizaciones y acordadas judiciales, dando lugar a la unidad de la oposición en la Cámara de Diputados, con el fin de hallar consenso en una fórmula que preserve la independencia de la Justicia. Ninguna de esas manifestaciones ha dejado de reconocer la necesidad de reformar el Consejo para perfeccionar su gestión, garantizando la independencia del Poder Judicial, mas el rechazo oficialista a consensuar con tales fines ha sido absoluto hasta ahora. El propio presidente Kirchner ha asumido directamente la respuesta, fundándose en la seguridad de que el Congreso no innovará en el proyecto, como ha ocurrido con las recientes sanciones sobre la emergencia económica y la ley tributaria.
La conformación del bloque opositor constituido por sectores muy diversos de la Cámara de Diputados con la finalidad de promover consenso sobre un tema de inexcusable política de Estado, ha tenido por réplica presidencial en un acto público ajeno a la cuestión, expresiones inquietantes. La más grave fue calificar de "tragicómica" una coincidencia parlamentaria, descalificando a sus participantes por no estar de acuerdo con aspectos del proyecto oficial. Tal desprecio del rol opositor suscita serias reservas, como los permanentes avances del PEN sobre los restantes poderes; más aún, cuando se advierte que el Partido Justicialista, mediante el cual pudo acceder a la primera magistratura el doctor Kirchner, se encuentra en virtual implosión provocada sin disimulos por su notoria decisión. Tal realidad política, donde el presidencialismo hegemónico califica la disidencia como traición y niega el diálogo a la oposición por discrepar con el pensamiento oficial, es una situación más grave que el proyecto provocador, cuyo dictamen ha tenido el disciplinado aval oficialista en comisiones de Diputados. El sesgo autoritario y disciplinante que al finalizar el año ha impuesto el Poder Ejecutivo, mediante recursos cuyo control le han delegado sus bloques parlamentarios, ha tropezado con la resistencia de la oposición tras el relevo parcial del Congreso. Ello, sin embargo, no debería anticipar una sistemática obstrucción, sino el propósito de devolver al Poder Legislativo su rol institucional, base de la convivencia de todas las ideologías. Ese gran proyecto restaurador de la plenitud republicana implica un esfuerzo inteligente para devolver a la ciudadanía su confianza en los partidos, cuyas puertas se cerraron, por carencia de modernización, a las mejores dirigencias del país. Dirigencias con prestigio reconocido y respetado en ámbitos muy diversos, y cuyo espíritu democrático las habilita para recuperar a la Argentina, de acuerdo con sus recursos potenciales. No hay tiempo ya ante esos pasos avasallantes del pensamiento único, para encarar la reforma del sistema representativo tantas veces frustrada por la mediocridad. Pero como acaba de demostrarse, no toda la llamada clase política es insensible a la necesidad histórica de condicionar posiciones sectoriales al gran proyecto de consolidar nuestra democracia institucional en colaboración con las dirigencias más lúcidas.