Locales para el menor delincuente

En otras oportunidades, nos hemos referido al grave problema creado en Tucumán por la falta de establecimientos adecuados para alojar a los menores que delinquen. Nuestra edición de ayer dedica una extensa nota al asunto. De ella surge que el Instituto Roca, único local habilitado para menores, sólo tiene capacidad para 28 internos. Está en proceso de remodelación para elevar su capacidad a 120 plazas, pero las obras distan de haber terminado. Se sabe que, en el Instituto Belgrano, la disponibilidad de espacio está totalmente superada. Y, en cuanto a la Alcaidía de la Jefatura de Policía, se utilizó un tiempo, pero los magistrados decidieron no continuar destinando menores allí, por su condición inconveniente, denunciada por legisladores.
Así, como lo dice nuestra nota, la realidad apuntada obliga a los jueces a despachar nuevamente a su casa a los precoces delincuentes -si se trata de hechos menores, donde no corrió riesgo la vida de alguna persona-, tras pedirles que no recaigan en aquella conducta.
Por otro lado, de acuerdo con las estimaciones de Tribunales, el índice de reincidencia es muy alto y, lejos de disminuir, crece apreciablemente la cantidad de menores involucrados en hechos delictivos; sobre todo, en asaltos.
Nadie puede ignorar que el incremento de la delincuencia juvenil es uno de los fenómenos más preocupantes del mundo contemporáneo. Entre sus causas, como es sabido, se mueve todo un mundo de factores muy complejos y diversos, en donde podrían mentarse tanto la pobreza y la falta de inserción social, como la prematura adicción al alcohol y a las drogas prohibidas, los problemas existentes en los hogares -muchas veces agobiantes-, la falta de educación, y un prolongado etcétera.
Frente a todo eso, el Estado tiene el deber de dar respuestas lo suficientemente veloces y amplias.
Corresponde, por cierto, tomar las medidas para prevenir el delito juvenil, poniendo en marcha todos los mecanismos de contención necesarios para que los menores no elijan el camino equivocado. Pero, al mismo tiempo, tienen que existir también los establecimientos adecuados para la guarda del precoz delincuente, donde se busque recuperarlo para la existencia normal.
No puede desconocerse que recaudos como la sustancial ampliación del Instituto Roca tienen peso dentro de esacandente cuestión. Pero no es de manera alguna suficiente. La secretaria de Políticas Sociales sostuvo recientemente que está prevista la construcción de un hospital para tratar a los drogadictos; pero hasta el momento eso no pasa de proyecto. Y, mientras tanto, como consignamos arriba, crece la cifra de menores que arresta la Policía, los jueces no tienen dónde alojarlos, y deben devolverlos finalmente a sus hogares para que, en la mayoría de los casos, insistan en el camino equivocado.
Evidentemente, el Estado se encuentra en falta, en este punto. La problemática debe ser objeto de decisiones políticas y presupuestarias de una significativa envergadura. Tucumán debe contar, a la brevedad, con las mayores posibilidades para alojar y para rehabilitar a sus delincuentes juveniles, utilizando al efecto a todos los expertos y toda la metodología moderna en la materia. Se trata, entonces, de diseñar soluciones integrales y urgentes, y no meros parches de coyuntura.
Las cuestiones vinculadas con los menores, demasiadas veces se lo ha dicho, deben figurar entre las más importantes de la agenda del Estado. No es necesario decir que el futuro de un país depende de su juventud, y que si esta no se cuida como corresponde, han de quedar irremediablemente dañadas todas las posibilidades de crecimiento y de progreso social.