Nuevas concesiones al Ejecutivo

Por cuarta vez desde su sanción -el 6 de enero de 2002- el Congreso ha prorrogado un año más la ley 25.561 de Emergencia Pública, que faculta al Poder Ejecutivo para disponer con autonomía en materias sociales, económicas, administrativas, financieras y cambiarias, con las complementarias consecuentes.
Pero en esta ocasión esas delegaciones se han ampliado difusamente al introducir la solicitud gubernamental, como primer artículo, el siguiente texto: "Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias tendientes a lograr una salida ordenada de la situación de emergencia pública", decisión paradojal que contrasta con el propósito anunciado tiempo atrás de reducir las facultades delegadas por causa de dicha emergencia.
Tan amplias son ahora las atribuciones al PEN que durante el próximo ejercicio le permitirían, inclusive, reabrir el canje de la deuda a los bonistas que permanecieron fuera de él, derogando la ley que lo impide, si ello contribuyera a poner fin a la emergencia. La interpretación que de la ley 25.561 hace el oficialismo es fuertemente contrastante con la decisión, 24 horas antes, de saldar la deuda cercana a U$S 10.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, mediante un decreto de necesidad y urgencia que se introduce en la autonomía constitucional del Banco Central. Pero no sólo eso, pues desconoce el optimista panorama económico con que cierra el año fiscal.
Como puede advertirse, esa prórroga es poco menos que una ley de guerra donde no la hay, pero pudo haberla cuando en plenitud de la crisis el PEN acudió con urgencia al Poder Legislativo para tratar de frenar una violencia manifestada con víctimas en las calles del país.
En oportunidad de tratarse ahora su nueva prórroga en la Cámara Alta, Miguel Angel Pichetto, jefe de la bancada oficialista, pudo reivindicar su pensamiento de dos años atrás, cuando manifestó: "el Senado va a seguir siendo el soporte de mayor cohesión parlamentaria, el reaseguro para legislar lo que el Poder Ejecutivo requiera"; más allá, por cierto, de que, en Diputados, su correligionario Jorge Capitanich consignó al mismo tiempo la lista de "progresos excepcionales" logrados por el Gobierno nacional.
Mientras haya pobres y desocupados habrá emergencia, se repite monótonamente desde el poder político, sin tener en cuenta que la crisis fue una consecuencia de los abandonos sucesivos de los parámetros institucionales, unas veces por incapacidad para advertirlo; y otras, por el sesgo autoritario que todavía perdura en nuestra realidad política y condiciona a la Constitución.
Si el debate de los senadores con cómoda mayoría oficialista no tuvo otra objeción que la práctica fiel de la regla del senador Pichetto, el de los Diputados fue un testimonio cabal de irregularidades, por razón del precario quórum logrado tras imponer el cierre de exposiciones para evitar el riesgo de perderlo.
Un minuto y medio fue el tiempo requerido, más dos o tres solidaridades precarias en retribución de favores. Amén, por cierto y nuevamente, de las flaquezas de la oposición al no percibir que su abandono del recinto facilitó el número estricto de presentes que el oficialismo requería para la ansiada sanción exigida desde el PEN.
El fin del año parlamentario, no completado hasta la semana próxima, en la que se aspira a avanzar con la reforma del Consejo de la Magistratura Nacional, ha sido, pues, un triunfo de la lealtad al presidencialismo, sin precedentes en un gobierno con origen constitucional, antes que a la soberanía popular.
El modelo de la mayoría automática que durante años sometió a la Justicia al poder político ha renacido así con nuevos bríos para invertir el sentido del control republicano por el Congreso.