Autonomía, pero con instituciones

De una manera simple pero realista se afirma que la democracia es el sistema de gobierno del pueblo mediante sus representantes. Pero ello no sería posible sin las reglas de juego que significan sus instituciones, perfeccionadas durante siglos hasta dar forma al régimen político menos imperfecto que registra la historia de la humanidad. De la fortaleza de las instituciones depende ese estilo de vida, protegido por el sistema de separación de los poderes, cuyas funciones están constitucionalmente definidas. Esa descripción del gobierno democrático es imprescindible para que se advierta el grado de dificultades que sigue enfrentando la política argentina. Un hecho testimonial de esa circunstancia ha sido la reciente decisión presidencial de poner fin al endeudamiento con el FMI mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), dando por seguro que el Congreso lo convalidará, lo mismo que la simultánea modificación del régimen de reservas del Banco Central. Si, efectivamente, la cancelación de esa deuda ha tenido tan amplio apoyo en los sectores políticos y sociales, lo razonable y correcto habría sido optar por un mensaje y un proyecto de ley al Poder Legislativo, solicitándole una decisión que solamente corresponde al Parlamento.
Si el Presidente hubiese deseado, según parece, una acción política personal convocando a un acto multisectorial, bastaba con el anuncio de esa remisión al Congreso, dejando así testimonio de que la proclamada independencia de decisiones frente al FMI no pasaba por el desconocimiento de los cauces institucionales. Más allá de las consideraciones sobre la medida adoptada, y que recientemente fue analizada en este lugar, lo que interesa señalar ahora, cuando el Congreso comienza a considerarla, es la forma elegida por el doctor Kirchner, y que no encuentra amparo constitucional en ninguna de las atribuciones excepcionales delegadas por el Poder Legislativo. Mucho menos en el régimen de DNU, donde, además de estar excluidas decisiones como las comentadas, la falta de reglamentación del instituto contribuye a fijar la atención en el innecesario acto presidencial. Si todos los poderes o instituciones estaban de acuerdo en el desendeudamiento, es forzoso preguntarse cuál fue el motivo para no observar el adecuado camino institucional. La respuesta no es otra que la tendencia al personalismo en la gestión pública, agravada después de las últimas elecciones legislativas y no al revés, como consecuencia del considerable apoyo democrático de la coalición oficialista.
Debe entenderse que la autonomía de las decisiones invocada por el Presidente respecto del FMI concierne a las que deban adoptarse en el marco institucional, cuya recuperación plena es, por muchas razones, un proyecto pendiente desde que la crisis afectó la seguridad jurídica y el derecho de propiedad. El acto presidencial y la prórroga de la emergencia económica por un nuevo ejercicio permiten suponer que esa autonomía operativa del organismo multilateral se refiere de hecho a la acción del Poder Ejecutivo. Por otra parte, la carencia de políticas de mediano y largo plazo, más allá del generalizador discurso oficial, provoca incertidumbre sobre los resultados de dicha autonomía. La alternativa para que esa independencia de gestión permita recuperar la confianza en el país es restablecer la vigencia de sus instituciones; especialmente, el rol del Congreso, así como el de la Justicia, amenazada por la reforma del Consejo de la Magistratura mediante el polémico proyecto elaborado bajo la tutela presidencial. La República debe dejar atrás toda sospecha de un retorno al autoritarismo mediante el sometimiento o la tolerancia de sus estamentos institucionales.