Una extraña elección será la de hoy. La comunidad permanece ajena al debate por la reforma constitucional, cuya concreción se programó para 2006. Pocas veces el proceso preelectoral se discutió tanto en los estrados judiciales como en estos tiempos. La génesis de la ley que se zarandeó del derecho y del revés en Tribunales debe situarse en la necesidad de la dirigencia de expiar el escándalo que significó la proliferación de sublemas en Tucumán. El régimen de elecciones internas abiertas se sancionó con bombos y platillos el 30 de marzo. La mayoría de los bloques legislativos -excepto Alejandro Sangenis (MP 3) y Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) lo votó con entusiasmo y con convicciones aparentemente sólidas. La exclusión que la norma hacía respecto de la elección de los convencionales constituyentes dejaba flancos abiertos para la corrección judicial.
Así, la Corte Suprema de Justicia invalidó el decreto del Gobierno que citaba a elecciones de convencionales constituyentes por la ley 1.279 para el 23 de octubre, luego de una acción de los peronistas Víctor Arias y Carlos Posse. Se ajustó, entonces, la legislación a los criterios señalados por el alto tribunal, según los cuales las distintas categorías de candidatos, incluso los que se postulan como convencionales constituyentes, debían surgir de elecciones internas abiertas. La rigidez que exhibió el peronismo para hacer cumplir la ley adecuada al fallo de la Corte generó múltiples conflictos. Las fuerzas políticas que no enfrentan pleitos de la magnitud de los que sacuden al PJ descubrieron de golpe que debían someterse a elecciones internas pese a los acuerdos existentes en torno de listas únicas. Fernando Juri reconoció que el régimen tenía fallas, pero difirió su modificación.
La política activó demandas judiciales por problemas que habrían podido resolverse dentro de su esfera. Papeles y palos recibió el presidente de la Corte y de la Junta Electoral Provincial (JEP), Alfredo Dato, en esta singular etapa de la vida cívica. Pero, ni lerdo ni perezoso, devolvió los embates al campo contrario. Dato argumentó que la judicialización de la cuestión electoral reveló la incapacidad de la política para ordenar adecuadamente la acción de los operadores partidarios.
Las contradicciones
El formidable éxito electoral que logró el oficialismo el 23 de octubre trastocó planes de algunas franjas de la oposición y agudizó las divisiones en otras. Las bases de las coincidencias se derrumbaron a causa del fracaso de las estrategias políticas.
Antes de que el MP 3 se retirara de la contienda, Gumersindo Parajón (Pueblo Unido) planteó la abstención. El partido de Sangenis llegó a la misma conclusión tras cosechar reveses judiciales. El cuestionamiento de sus más conspicuos candidatos a convencionales constituyentes contra la Corte enojó a Enrique Pedicone, otro aliado del 23 de octubre.Recrear desistió de la elección de hoy tras un prolongado período de cabildeos internos y de planteos diversos. El diputado Esteban Jerez estaba listo para dar el portazo si el partido no se borraba de la competencia.
El bussismo, por su parte, se replegó, renunciando al combate activo por el no contra el plan reformista de Alperovich. La puja por la dirección de Fuerza Republicana entre el senador Ricardo Bussi y su hermano Luis José se transformó en el problema central de la agenda partidaria.
Los radicales profundizaron su crisis intestina. La reducción de la UCR a nivel de partido municipal es sólo la manifestación más superficial de problemas de mayor profundidad: demuestra que no existe un proyecto común.
Los enemigos de la concurrencia a los comicios del 23 de febrero de 2006 esperan que los legisladores Juan Robles y Jorge Mendía, y sus amigos, no alcancen el mínimo de 3.000 votos exigidos por la legislación. Estos acusan al dirigente Ariel García y a sus socios de desconocer los mandatos de la convención en favor de una actitud positiva respecto de los comicios del 23 de febrero. Del lado de García se prepara la caducidad del padrón radical, maniobra que le permitiría apartar a sus enemigos del partido. Estar cerca o lejos de Alperovich es una línea divisoria entre los radicales de hoy.
Quien, sin embargo, planteó de entrada la cruzada abstencionista dentro de la UCR fue el concejal José Luis Avignone; lo hizo ante los primeros indicios de que se votaría en vacaciones. Su posición sintonizó con la de otros grupos cívicos que renegaban de la marcha del proceso de reforma constitucional.
Los radicales que emigraron al progubernamental partido Participación Cívica tampoco cubrieron toda la provincia.
La maquinaria peronista ramificada por toda la geografía contrasta visiblemente con la debilidad de los partidos concurrencistas. Alperovich se consolida y está dentro del círculo de gobernadores kirchneristas de mayor proximidad a la Casa Rosada.
El dato preocupa internamente en el PJ. Los legisladores dan por descontado que la reforma constitucional será realidad el año próximo. Dentro de esa certeza, ven que se plasmará la caída del impedimento a la reelección.
La situación política posterior a la reforma constitucional mostrará al gobernador con todo el poder en sus manos a la hora de diseñar las listas de candidatos a legisladores. Si persiste la ley de primarias abiertas como está vigente hoy, ningún político peronista que intente ser reelecto podrá luchar en las urnas contra los postulantes del alperovichismo en un mínimo de igualdad. El aparato gubernamental desnivela cualquier confrontación.
La receta que se pretende emplear para modificar el cuadro creado por la norma votada el 30 de marzo es la sanción de una nueva ley de sublemas; se promete que será acotada, para corregir las deformaciones que facilitó el anterior régimen. Sólo así -entienden los legisladores- mejorarán su posicionamiento a la hora de intentar retener sus bancas. De nuevo la mirada se posa sobre el vicegobernador, Fernando Juri. Si este llega debilitado al momento de las definiciones, Alperovich impondrá sus criterios y sus hombres.
La ciudadanía está alejada de esas cavilaciones de los hombres públicos. Hasta ella no llegaron ni siquiera los ecos de alguna discusión que pueda convencerla respecto de las bondades de los cambios prometidos en la Carta Magna de 1990. El desencanto y la apatía son consecuencia de la falta de un clima público que estimule la participación y la confianza en los procedimientos. Las reiteradas acciones judiciales contra las reglas de juego agregan incertidumbre. La política y sus actores no entusiasman al votante.
