El futuro sin el Fondo

Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Presidente ha resuelto saldar con un solo pago la deuda del país por U$S 9.180 millones con el Fondo Monetario Internacional. Esa obligación tenía vencimientos previstos hasta el año 2008 y se hallaba pendiente de negociación para extenderlos, la cual ha quedado, por ello, sin efecto. Al convocar a un auditorio multisectorial para formular ese anuncio, el doctor Néstor Kirchner dio por hecho que el DNU correspondiente será convalidado por el Congreso, al que le corresponden decisiones de esa naturaleza y en donde la medida fue recibida con sorpresa.
El desendeudamiento con el organismo multilateral implica una parte mínima de la deuda argentina, el 7%, que seguirá siendo de U$S 115.300 millones, razón por la cual, más que económica, la decisión gubernamental debe ser observada con un fuerte perfil político. El propio Presidente lo corroboró tácitamente al manifestar que la cancelación de esa deuda permitirá orientar y manejar la economía del país sin auditoría alguna del FMI, una notoria ambición de la actual administración. La suma dispuesta provendrá de las reservas de "libre disponibilidad", una categoría creada mediante el DNU de referencia y que reduce las restantes al monto de la base monetaria, constituida por los pesos en circulación.
El anuncio de Kirchner fue acogido por el múltiple auditorio con expresivas muestras de adhesión, más que de cortesía, si bien posteriormente algunos de los presentes reconocieron que no era posible, en tan corto plazo, formular opiniones sobre las consecuencias económicas de la decisión.
Las restantes manifestaciones aludieron al prolongado proceso de desencuentros con el organismo internacional desde que, a fines de 1958, la administración de Arturo Frondizi ingresó en el Fondo y solicitó el primer préstamo de "stand by".
Desde aquella fecha se sucedieron en el país numerosos gobiernos civiles y militares e inclusive crisis durante los mismos, en los que la política económica tuvo innumerables mutaciones contradictorias y los desequilibrios fiscales fueron la pauta regular de comportamiento. Fue así que nuestra deuda pública, finalmente declarada en default entre ovaciones en el Congreso de la Nación, llegó a ser la más elevada del mundo. Cuanto mayor se hizo el endeudamiento, más polémicas fueron las relaciones con el Fondo Monetario, a la vez que el organismo multilateral se mostró indebidamente tolerante con los excesos de las administraciones nacionales en su largo proceso de ciclotimia política. Discutir sobre culpabilidades ha sido, así, una faena de los políticos antes que necesariamente política e imprescindible para poner fin al período histórico de inestabilidades. En la ley de Presupuesto 2006 que acaba de aprobar la Cámara de Diputados no figuran, como es notorio, partidas para mejorar las asignaciones de los empleados públicos y de los jubilados, que acaso podrían haberse atendido con los fondos para el FMI.
El Gobierno debe haber tenido razones de su preferencia por ese 7% adeudado al que hasta el momento ha sido su auditor permanente. No ignora, lógicamente, el Presidente que esa auditoría representaba ante terceros, el mercado de inversores, un rol de garantía o confianza únicamente practicable por el organismo internacional; función que se había resentido por causa de la parálisis de negociaciones, perturbando el frágil climax de confianza en que quedó el país por causa de la crisis. El interrogante será, pues, a partir del desendeudamiento, la dirección de la política económica y su contexto sin otra fiscalía que la autonomía anunciada oficialmente por el primer mandatario, algo que ninguno de los gobiernos de diferentes signos que lo precedieron desde hace más de medio siglo, se animó a encarar.