La deuda pública es un condicionante para la imagen de cualquier Estado. De hecho, constituye una radiografía sobre el comportamiento fiscal de un distrito. Superar la barrera de los $ 3.000 millones es un indicio de la historia de incumplimientos que tuvo Tucumán. Vivir del déficit, gastando más de lo que ingresaba, llevó a la provincia a su situación actual.
En otras palabras, puede decirse que las administraciones de Gobierno del pasado comprometieron el presente, porque ninguna entidad financiera o inversor querrá poner capitales en una provincia con semejante antecedente. Más aún, también cabe la remanida expresión "se hipotecó el futuro", ya que será difícil para Tucumán volver al mercado de capitales, tras el default de sus títulos públicos. Y sobre todo si se toma en cuenta que la interrupción del pago, aunque fuera transitoria, afectó a los acreedores externos.
Si quisiéramos sacarnos aquella mochila que se llenó con papeles, compromisos y créditos mal usados, cada uno de los tucumanos debería poner de su bolsillo algo así como $ 2.430 para cancelar el endeudamiento público. Claro que, en las actuales circunstancias, esa empresa resultaría una utopía, si se toma en cuenta que, sólo en el Gran San Miguel de Tucumán casi el 50% de su población (cerca de 370.000 habitantes) no puede reunir unos $ 218 per cápita para poder superar la línea de pobreza.
Hasta ahora no se observa una política que tienda, por ejemplo, a que el Gobierno salga a comprar deuda con el fin de bajar la carga hacia el futuro. Sin embargo, hay indicios de que el endeudamiento se mantendrá por los siglos de los siglos. Ello se explica con la emisión de los bonos de Conversión y Saneamiento de Empréstitos Públicos (Consadep), en sus distintas versiones que no hacen más que patear hacia adelante las obligaciones presentes.
Pero también hay otro hecho que demuestra que el Gobierno no tiene clara una política de "desendeudamiento". Entre 2006 y 2007, el Poder Ejecutivo continuará negociando con el Banco Mundial un nuevo préstamo, pero esta vez de U$S 150 millones, U$S 50 millones más que lo que recibió Antonio Bussi, a fines del siglo pasado. Claro que los recursos externos que recibió Bussi no sirvieron ni para mejorar la educación, ni la salud de los tucumanos.
La actual administración tiene previsto usar los fondos del BM para proyectos de inversión y para fortalecimiento institucional. Esto quiere decir que el Gobierno intentará mejorar los caminos provinciales, los servicios esenciales que presta a la población y, por sobre todo, reforzar la tarea de fiscalización tributaria en la provincia y en los municipios, con lo que se garantizaría la devolución del préstamo internacional. Al tratarse de un crédito en dólares, se corre el riesgo de repetir el escenario de fines de 2001, cuando la deuda pública se multiplicó por efecto de la devaluación del peso.
Sólo palabras
La autonomía financiera de la provincia es sólo una expresión de anhelo. Si bien Tucumán incrementó su nivel de ingresos, la inyección de recursos federales sigue siendo la gran fuente de financiación del Estado provincial. Si se tiene en cuenta la incidencia de los compromisos asumidos con la Nación, la Provincia está atada de pies y manos respecto del poder central. El futuro fiscal depende de cuestiones políticas más que de acciones económicas.
Para 2006, el gobernador José Alperovich volverá a pedirle fondos al Palacio de Hacienda para pagar parte de los vencimientos del endeudamiento público. La petición oficial será por otros $ 250 millones para no caer nuevamente en déficit en las cuentas. Así las cosas, todo parece indicar que la asistencia federal podría convertirse en un salvavidas de plomo, si la relación Alperovich-Néstor Kirchner se resquebrajara con el tiempo.
