Un lugar en la reforma

En Tucumán, en verano nunca hay calma. 2006 no será la excepción, caldeado por la convocatoria para la reforma de la Constitución, cuyos alcances institucionales todavía no pueden medirse. Lo que sí puede decirse es que al margen de las críticas sobre el afán reeleccionista del alperovichismo, hay grupos que no se sienten reconocidos en las instituciones de la Provincia, y que aprovecharán la coyuntura para reclamar el lugar que se les debe. Es el caso de las comunidades indígenas o "pueblos originarios" del valle del Tafí, cuyas reivindicaciones centrales pasan por la propiedad de la tierra y por el reconocimiento a su identidad cultural. Casualidad o no, este año se vio signado por problemas de usurpación de tierras en toda la provincia. Sin embargo, los episodios ocurridos en julio en Tafí del Valle y en Amaicha, donde hubo denuncias por más de 30 usurpaciones, adquieren otra dimensión: allí hay un malestar histórico que estaba acallado, y que este año se verbalizó por primera vez como un enfrentamiento entre lugareños y veraneantes. Lo que no es casual es el momento en el que esta situación estalla: conocedores de los valores inmobiliarios de la zona estiman que desde 2003 a esta parte ha estallado en Tafí del Valle un "boom" en los precios de la tierra, que hace dos años cotizaba a $5 el metro cuadrado, y que ahora ha trepado a $ 25. Tampoco es casual que desde esa apreciación monetaria, el paisaje vallisto se haya visto surcado por alambrados demarcatorios de propiedad, algo hasta entonces desconocido por esas tierras.
El PE provincial contempla la cuestión indígena en la nueva Carta Magna, en estos términos: "La Provincia promueve y garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la posesión y propiedad de las tierras fiscales que tradicionalmente ocupan...." . No obstante, en el valle de Tafí son muy pocos los terrenos fiscales, con lo cual el impacto de ese artículo en una futura norma constitucional sería casi nulo. Además, las relaciones internas de la comunidad vallista, descendiente de la etnia diaguita-calchaquí, distan de ser armónicas, con numerosas y permanentes luchas intestinas. Muchos que levantan banderas comunitarias, en realidad están movidos por intereses personales.
Pero los conflictos no sólo inquietan a los lugareños, sino a quienes observan en Tafí una aceleración de la tasa de crecimiento que amenaza la sustentabilidad del lugar. La zona tiene un impresionante déficit de agua potable (el tendido existente satisface más el riego que el consumo humano) e igual deuda en lo que a energía eléctrica se refiere, y el manejo de la basura es una bomba de tiempo que estalla en verano, cuando la población se triplica, por efecto del turismo. Quienes miran con ojos de urbanistas el crecimiento de Tafí dicen que el Gobierno debería definir qué futuro pretende para el lugar. "O quieren un Carlos Paz, o un destino exclusivo; un cinco estrellas", desliza un experto. El observa que la secretaria de Turismo, Mercedes Paz, parece apostar a la segunda opción, pero que la realidad tiende a lo contrario. En síntesis, reclaman una planificación racional para el destino turístico top de Tucumán. En esa exigencia de racionalidad también cabe el "factor humano", que en Tafí tiene ancestros indígenas.
La propuesta del PE sobre pueblos originarios en la que se reivindica para ellos el derecho de una educación bilingüe e intercultural tiene un objetivo egoísta y otro altruista. En el primer caso, una comunidad orgullosa de su identidad cultural es un motor para el turismo, y un actor comprometido y armónico con la comunidad en la que habita. En el segundo caso, se trata de lo que alguna vez se dijo desde esta columna: que quienes hasta ahora han sido tratados como "objetos culturales" sean reconocidos como sujetos históricos.