Monumentos sin mantener

El miércoles último ocurrió una tragedia en la Catedral de San Fernando del Valle de Catamarca. Desde la cúpula, se desprendió un vitral de gran peso, que cayó sobre un grupo de personas que se encontraba rezando. Una mujer resultó muerta, y dos quedaron heridas, una de ellas de gravedad. El accidente se produjo cuando ya había terminado la misa, lo que evitó que los daños personales fueran considerablemente mayores.
Se dijo que el desprendimiento del vitral pudo haberse debido al mal estado de conservación del templo, que se habría agravado con el reciente temblor, ello unido al fuerte viento que soplaba al ocurrir la caída. Las autoridades de esa diócesis no dejaron de señalar que el percance podría haberse evitado si se hubiesen realizado en la iglesia las reparaciones indispensables, que venían gestionando desde tiempo atrás ante el organismo nacional competente.
Esto último porque la Catedral catamarqueña (construida entre 1859 y 1869, y sede de la imagen de la Virgen del Valle, una de las advocaciones más veneradas del país) es monumento histórico de la Nación, y por lo tanto depende de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, en lo que se refiere a su conservación y mantenimiento.
No es la primera vez que, en este comentario, hemos hecho notar la necesidad de que el Estado federal preste una mayor atención a los edificios que, en diversas épocas, fueron declarados "monumentos históricos nacionales", en el Noroeste argentino. Para nadie es un secreto que tal atención resulta más que escasa. Para no ir más lejos basta citar, en pleno centro de San Miguel de Tucumán, el templo de San Francisco, cuyo impresionante deterioro interior (no así exterior, gracias al Gobierno provincial) ha sido materia de numerosas notas en nuestras ediciones, sin que ello tuviera eco positivo hasta la fecha.
En realidad, en esta parte del país, los "monumentos nacionales" sobreviven como pueden, gracias a la acción de comisiones de amigos, y no, como correspondería, por los aportes que el Estado nacional tiene la obligación de hacer y no hace.
El caso de Catamarca muestra, con triste elocuencia, lo que puede ocurrir cuando esas construcciones vetustas no reciben, en todas sus instalaciones, aquel mantenimiento constante que resultaría indispensable. Y, del mismo modo como se precipitó a tierra un vitral, puede -en algún momento- en cualquier edificio mal cuidado de esas edades, caer sobre los concurrentes un trozo de mampostería o cualquier otro elemento, con los daños imaginables.
Corresponde, entonces, que el Estado nacional asuma en plenitud estos deberes. En última instancia, no significan sino la preservación de construcciones dotadas de indudable valor histórico y arquitectónico, y componentes, por tanto, del patrimonio cultural de las provincias y del país. En estos tiempos en que se habla tanto de la protección de ese acervo, es indispensable la adopción de decisiones presupuestarias concretas, para atender el rubro que nos ocupa.
Lo decimos porque, frente a las solicitudes de restauración y de mantenimiento, la respuesta consabida es la falta de fondos. Fondos que, curiosamente, son mucho más accesibles cuando se trata de reparar monumentos ubicados en Buenos Aires que cuando el requerimiento se localiza en las provincias.
Por otro lado, nos parece que el triste suceso debe servir, también, para que las autoridades eclesiásticas procedan a relevar las reales condiciones de seguridad de los templos. Y, consecuentemente, tomar las medidas necesarias para que quienes a ellos acudan no se vean sometidos a riesgos de ningún tipo.