Corrupción con recursos sociales

El Banco Mundial ha debido suspender la concreción de un crédito por U$S 350 millones para el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados por causa de irregularidades y otros problemas en el programa estatal. El anuncio fue hecho público por el presidente del organismo internacional, Paul Wolfowitz. Dicho crédito está destinado a la conversión parcial de ese programa en el Plan Familias; dependen, el primero, del Ministerio de Trabajo, y el segundo, de Desarrollo Social. Al formular su anuncio, entre otros hechos irregulares ajenos a nuestro país, el titular del BM señaló que la gente involucrada en tales proyectos o las compañías envueltas en esos comportamientos deberían ser sancionadas. Las imputaciones alcanzaron a beneficiarios del plan que configuran redes de clientelismo y a punteros políticos; un programa que se extiende actualmente a millón y medio de personas que deben prestar una contrapartida laboral, en tanto que el Familias reúne a 250.000. Por cierto que en el país se atiende en total alrededor a seis millones de personas en estado de necesidad mediante planes oficiales y no gubernamentales, por lo que existe una pluralidad de registros y de sistemas que es muy difícil de transparentar. Las relaciones con el Banco Mundial han atravesado en los últimos tiempos otro tipo de dificultades en cuanto a la ayuda a la Argentina; es el caso revelado por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna poco antes de ser alejado de su cargo, sobre cartelización de empresas constructoras en 15 licitaciones del Ministerio de Planificación Federal, en contratos de rehabilitación y de mantenimiento de rutas, cuyo crédito también fue suspendido por el BM.
Seguramente que las situaciones más graves conciernen a los programas sociales emergentes de la crisis sin precedentes que azotó a nuestra sociedad hace un lustro y que sorprendió al Estado desguarnecido de infraestructura preventiva, tras sucesivos gobiernos cuyas retóricas hicieron de lo social banderas supuestamente revolucionarias. Esa circunstancia obligó a las autoridades de turno, a partir de 2002, a improvisar una red de distribución con cauces no siempre controlables, e intermediarios reunidos en grupos irregulares; organizaciones de piqueteros cuyos líderes actúan en su mayoría políticamente al servicio del poder de turno, o extorsionándolo mediante perturbaciones del orden público. Por otra parte, el clientelismo se ha practicado especialmente durante las últimas campañas electorales, y es el distrito de La Matanza el más observado por el informe del BM, cuyo intendente, también a cargo de subsidios, ha sido designado recientemente presidente de la Cámara de Diputados.
El plan Jefes y Jefas, por ser el más voluminoso, ha tenido y tiene un calificado control en la unidad investigadora específica que dirige el fiscal federal Guillermo Marijuán. Sus investigaciones permitieron establecer un número excepcional de beneficiarios, a la vez empleados públicos o municipales, policías provinciales, gendarmes o militares.
En los últimos tiempos, de acuerdo con referencias de la obra no gubernamental Cáritas, entre 200.000 y 300.000 subsidios para desempleados fueron entregados a afiliados políticos y a punteros de actos electorales, corruptela que, como otras, podría combatirse mediante un registro único de beneficiarios, según la entidad católica. La respuesta al Banco Mundial exige, por lo tanto, intensos trabajos de auditoría por parte de los poderes públicos y, por supuesto, la aplicación de las sanciones correspondientes para este delito de orden penal y moral que atenta contra los destinatarios.
No puede perderse de vista, por cierto, que una acción  de saneamiento de esa naturaleza puede prestar igualmente un elevado servicio a la recuperación de la política en crisis, causa profunda de los males que siguen castigando al país.