Predicar con el ejemplo. La vieja frase puede servir para comenzar a analizar el comportamiento de las finanzas públicas. El martes último, la ministra de Economía, Felisa Miceli, no tuvo pelos en la lengua para reclamar a las provincias mayor control del gasto y del endeudamiento público. Así lo determina la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero más el sentido común. Al día siguiente se conoció que el gobierno del presidente Néstor Kirchner decidió un aumento de $ 6.000 millones para el presupuesto de este año. Se usarán los excedentes de la recaudación para financiar los incrementos salariales otorgados este año, según las explicaciones oficiales.
Sin embargo, esa acción constituye todo un doble discurso. ¿Por qué pedirles ajustes a las provincias, cuando en casa no se hace lo mismo? Los gobiernos del interior seguirán siendo rehenes del poder central, no sólo porque esos fondos no serán redistribuidos a los distritos del interior, sino también porque el Gobierno nacional sigue siendo el principal acreedor de todas las jurisdicciones provinciales.
En Tucumán, del proyecto de Presupuesto 2006 sólo se saben las cifras globales de los ingresos y de la pauta de gastos, pero no por áreas. Es decir, no puede establecerse aún cuál será el destino que el Poder Ejecutivo les dará a los $ 2.789 millones que proyectó como erogaciones para el ejercicio que viene. Esta situación genera rechazos en la Legislatura, aunque la oposición no reúne los votos suficientes para abrir la "caja" del Estado antes de la sesión prevista para el viernes 23. Las voces de quejas se multiplican en la Cámara, pero todo parece indicar que el Presupuesto será un regalo que Papá Noel traerá a la administración del gobernador José Alperovich. En un contexto donde la transparencia es el objetivo esencial que todo gobierno debe preservar para no perder imagen ante el contribuyente, hasta ahora no hay señales claras sobre un debate, punto por punto, del Presupuesto, versión 2006. Esto también tiene que ver con el poder que los votos del 23 de octubre le otorgaron al Ejecutivo. Distintas entidades ya se pronunciaron por la necesidad de que el Presupuesto deje de ser un secreto de Estado. En ese contexto, reclaman al Gobierno mayor participación de todos los sectores.
Lo que dejó la semana
En cuestiones menos técnicas que las finanzas, dos temas sobresalieron en la agenda de la semana: inflación y desocupación. Los consumidores tucumanos todavía no perciben una reducción del 15% en los artículos de primera necesidad. La canasta de 228 productos (mucho menos si se toma en cuenta la repetición de artículos) fue pensada para atender la demanda de grandes cadenas comerciales del centro del país, más que a las necesidades de los consumidores del interior. En estas épocas de fiesta, las expectativas inflacionarias son crecientes, debido al histórico alto consumo, pero no hay precios de referencias que permitan a la población establecer si la canasta tendrá una verdadera rebaja en su valor.
Respecto del desempleo, en el Gobierno aún buscan respuestas al elevado índice difundido ayer oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El Gran Tucumán-Tafí Viejo tiene el tercer mayor registro de desempleo del período julio-setiembre entre los 28 aglomerados urbanos del país. Son casi 42.000 tucumanos que aún no consiguen un empleo. A ello se suma que el 48,8% de la población (unas 370.000 personas) están bajo la línea de pobreza.
Ante ese panorama, la apertura al debate sobre el presupuesto provincial podría contribuir hacia la búsqueda de recursos para generar mejores condiciones de vida en Tucumán. De otro modo, sólo servirá como una herramienta exclusiva para el poder político de turno.
