Analgésicos para la inflación

Acuciado por las circunstancias, el Gobierno central ha lanzado una campaña antiinflacionaria en las góndolas de los supermercados, constituida por un virtual analgésico contra el dolor económico que, difícilmente, pueda evitar la enfermedad que lo causa: el crecimiento sostenido de la oferta de bienes, cuya base es la inversión como respuesta de los mercados a la solidez institucional. Tras el pobre discurso electoral pudo haberse esperado que la preocupación oficial por una clara política de inversiones fuera uno de los objetivos inmediatos de la “nueva etapa” anunciada por el jefe del Estado; mas no fue así. Por el contrario, el relevo en la cartera económica y una suerte de ofensiva antiempresarial estuvieron más orientados a la búsqueda de un contexto político destinado a fortalecer el presidencialismo, que a atender la relación causa-efecto, regla ineludible de la economía. El problema tan sólo aparece ocasionalmente en los discurso oficiales, si bien cuando lo hace se le asigna una trascendencia insuficiente para hacer comprender a la mayoría ciudadana afectada por las consecuencias de la crisis, el significado que merece. Durante el pasado año la inversión externa duplicó la del precedente, en tanto la del actual también lo hizo, pero no más allá del 9 % del PBI. Un nivel muy inferior a los de Chile y de Brasil, del 65% y el 36%, respectivamente.
El último informe anual de la ONU sobre comercio y desarrollo, al referirse a nuestra recuperación macroeconómica, apuntó que no basta con ella, insistiendo en la necesidad de la seguridad jurídica y  del respeto al derecho de propiedad. Posteriormente, el foro continental del sector privado y que precedió a la Cumbre de las Américas, no dejó de advertir sobre la recuperación de la economía tras la crisis, pero señaló a la vez “los problemas en el entorno de la política económica que dificultan la inversión”.
Los casos más notorios fueron los de nuestro país y de Venezuela, cuyas afinidades en la accidentada cumbre fueron una nueva carga negativa sobre la confianza requerida. Poco antes, el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, explicaba en el Consejo de las Américas que el Estado no tenía el propósito de aumentar su participación en la economía; mientras el trato con las empresas privatizadas de servicios públicos -especialmente en el caso de la francesa Suez- dejaba la sensación de actuar en sentido inverso. Actualmente, en el mismo escenario, el ministro repite sus afirmaciones para responder a las mismas dudas de un vasto auditorio empresarial y de economistas. Entretanto, hace más de un año que llegó al Congreso un proyecto oficial de marco regulador para las inversiones, finalmente descaecido por falta de tratamiento al finalizar el periodo ordinario.
Esa omisión constituye una de las causas más fundadas de la inseguridad jurídica con que se observa al país para el mediano y el largo plazo. Un argumento que retrae de la inversión a los propios argentinos con la más elevada suma de fondos de la historia, en el exterior o en el colchón. A la vez, la inseguridad jurídica, producto de la incertidumbre que representa el fuerte presidencialismo que insiste en manifestarse, no halló en el Congreso la respuesta necesaria y propia del poder republicano por excelencia. Por lo contrario, la mayoría representativa mantuvo y aumentó las concesiones al Poder Ejecutivo. La nueva composición parlamentaria y la discusión de las leyes fiscales darán la pauta en pocos días más, sobre si ese desvío institucional tan riesgoso habrá de mantenerse o provocará una reacción saludable que favorezca la institucionalidad del sistema y, con ella, la confianza en el país.