Nada puede descartarse

El juicio político contra la camarista penal Alicia Freidenberg puede constituir el último acto del diseño institucional previsto por la ya agonizante Constitución de 1990. En la antesala de su reforma, bastante apática por cierto, las paradojas del caso pueden servir para allanar el camino a una impostergable discusión sobre la forma en que deben ser elegidos y removidos los magistrados, cuestión más importante que la de la reelección. Lo admitió, en confianza, un influyente funcionario del Poder Ejecutivo, que sigue llamativamente con indiferencia -por ahora- el procedimiento de destitución en trámite. "Todos están preocupados por cómo pondremos en el futuro a los jueces, cuando el problema es cómo los sacaremos", razonaba.
Cuando la Corte Suprema tenía que resolver la cuestión de la simultaneidad de las elecciones de diputados nacionales y de convencionales, el gobierno de José Alperovich, como palpitaba un fallo contrario a sus intereses, tiró del mantel e hizo circular aquella befa de que la Justicia era un poder político, como sus sentencias. Del mismo modo, cuando son acusados por la comisión de Juicio Político, los jueces comienzan a sospechar que la Legislatura pretende erigirse en tercera instancia revisora de sus decisiones jurisdiccionales, en particular cuando estas se refieren a situaciones que conmueven a la sociedad. Por ello, el presidente de la Corte, Alfredo Dato, cuidadosamente, pidió a los legisladores que, en el caso Freidenberg, no se dejen llevar por las presiones de la opinión pública. Moraleja: cada poder defiende su territorio y advierte al otro que está invadiendo una zona de atribuciones que la Constitución le reserva con exclusividad.
Según la tendencia constitucional, está en declive el sistema de destitución -como el tucumano- en el que un poder netamente político (la Legislatura) juzga la conducta de los magistrados. El argumento es que, no obstante las formalidades, se trata de un proceso político y, como tal, con un margen de discrecionalidad para apreciar -no sólo con ojos jurídicos- si el juez perjudicó o deshonró la investidura o función pública, como enseñaba Joaquín V. González. En cambio, ganan terreno los jurados de enjuiciamiento, sustanciados por órganos mixtos, compuestos por abogados, jueces y políticos (insertos en los Consejos de la Magistratura), por la convicción de que esta conjunción de intereses -y de miras- acota el margen de las arbitrariedades. Este mecanismo suele ser combinado con concursos y otras instancias en las que predomina el mérito por encima de los favores para el acceso a la judicatura. En cambio, en Tucumán el ingreso y el egreso del Poder Judicial son políticos. Y cuando aparece este vocablo, lamentablemente, todo se tiñe de amiguismo.
Entonces, no resulta descabellado que la comisión de Juicio Político de la Legislatura haya querido socializar el costo político de que se haya fugado Alberto Tolosa, condenado a prisión perpetua (pena luego rebajada a 23 años por el gobernador Julio Miranda), por el homicidio del remisero Luis Cisterna. Si archivaba sin más la denuncia de la madre de la víctima, corría el riesgo de dar motivos para que se movilizaran quienes militan en la mano dura y quieren que alguien pague por la inseguridad. Freidenberg, que habilitó legalmente el permiso de salida (de la cárcel) que aprovechó Tolosa para escapar, lo advirtió. Por ello, habla de la politización y responsabiliza de la fuga al PE por medio de Institutos Penales. También despotrica -cosa rara entre magistrados- contra el ministro fiscal de la Corte, Luis de Mitri, quien seguramente será citado como testigo.
Cuesta creer que un PE tan omnipresente como el de Alperovich se haya desentendido de la suerte de Freidenberg. Si todo es político, hay hasta quienes sospechan que, con una jueza como rehén, el PE puede presionar a la Corte para que no vuelva a obliterar -como suele decirse con elegancia- cuestiones electorales relacionadas con la reforma. Nada puede descartarse.