El pulpo presidencialista

Por Angel Anaya


06 Diciembre 2005
BUENOS AIRES.- La senadora Fernández de Kirchner apura para mañana la aprobación del dictamen que, por iniciativa suya, modifica la constitución del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento por la comisión de Asuntos Constitucionales, cuya presidencia ejerce. Si ello es factible, el tema será incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso por el Poder Ejecutivo. Como es notorio, el proyecto de marras le daría al pulpo presidencialista otro control sobre los poderes republicanos; en este caso eventual mayoría para designar y remover miembros del Poder Judicial. La senadora ha hecho caso omiso de la casi totalidad de consultas solicitadas por el vasto espectro contestatario, judicial y académico, que denuncia ese riesgo por la reducción de 20 a 13 de los miembros del Consejo, y vuelca para el Gobierno la equilibrada balanza constitucional.
El periplo de Cristina Fernández es, por cierto, bastante ajustado, pues por una accidental circunstancia del escrutinio electoral, podría quedar sin investidura por cuatro días a partir del viernes. Por añadidura, se sabe que serán numerosos los legisladores con final de mandato que no estarán esta semana, aprovechando el fin del período ordinario y dejando sin número a la comisión.
El interrogante apuesta a la urgencia que puedan tener el Presidente y su esposa en sacar rápidamente un asunto tan crítico que, si es aprobado por el Senado, debe pasar a Diputados.

Hoy como ayer
Otras iniciativas de la senadora, en cambio, morirán por consunción, a pesar del empeño puesto en ellas anteriormente, como son la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia y el acceso a la información pública. Ambas cuestiones siempre fueron promovidas desde la oposición por justicialistas y aliancistas; mas cuando llegaron al poder, como ahora, son rigurosamente sepultadas. La reforma del Consejo de la Magistratura, tal como ha sido proyectada, la nueva caída de los DNU y el control privado de los actos públicos son tres hitos esenciales de la incertidumbre que afecta desde hace años la seguridad jurídica para invertir en el país. Por otra parte, el dictamen de la comisión de Presupuesto de Diputados sobre la ley fiscal de 2006 deberá ser reactivado para su consideración por la Cámara Baja con la nueva composición, en cuyo caso ya hay sospechas de que puede tener retoques en los residuos con sabor a Lavagna. Retoques para mantener las facultades especiales de la Jefatura del Gabinete de Gobierno que le han permitido a Kirchner redistribuir fondos fiscales durante actos electorales. Algo que su colega Lula da Silva también hizo, pero que la Justicia brasileña acaba de multar con U$S 22.000. (De nuestra Sucursal)


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