La jura del nuevo gabinete lo convocó el jueves pasado a Buenos Aires. José Alperovich asistió disciplinadamente al nuevo acto de poder presidencial. El gobernador no quiere romper el idilio con la Casa Rosada y rápidamente entendió que el PJ es un partido presidencialista por excelencia. La nueva etapa indica que el verticalismo de Néstor Kirchner se amplifica a todos los niveles del Gobierno. Alperovich dijo presente y avaló el despido de Roberto Lavagna y la política de control de precios. En esa misma semana fue anfitrión de la ministra Alicia Kirchner -ahora senadora- y de Daniel Filmus. Del ministro de Educación escuchó loas por los 180 días de clases sin cortes. Las lisonjas de Filmus retumbaron por el país y contribuyeron a pulir la figura de un gobernante que está preocupado por proyectar su imagen más allá de Tucumán. Sin embargo, el precio que pagó por ese golpe de efecto político fue la epidemia de meningitis que creció descontroladamente en escuelas públicas y privadas, sin reparar en clases sociales ni en jurisdicciones geográficas. Esa circunstancia y la emergencia masiva de la varicela revelaron grietas en el sistema de salud. Las fallas del modelo aparecen cuando el ministro Juan Manzur, conductor natural del área, está de licencia por ser candidato a convencional constituyente.
Esos problemas aún no dañan a la administración alperovichista, que goza de los beneficios de la Casa Rosada y que saca provecho de la anemia opositora. De ese clima pretende obtener utilidades adicionales para consolidar el proyecto continuista hasta 2011; meta ambiciosa, desde luego.
El ejemplo venezolano
El proceso previo a las elecciones primarias abiertas de convencionales constituyentes discurre envuelto en una maraña judicial. Las fuerzas no peronistas se ven inmersas en una puja ocasionada por una ley que tendía a resolver las diferencias internas del PJ por medio de la votación. Ese modo de zanjar las divergencias intestinas aun cuando hubiere lista única, ha sometido a las demás organizaciones políticas a un desgaste de esfuerzos innecesario. Ni al PJ le sirve la legislación de marras porque no existe una disidencia seria que amenace la hegemonía del pacto Alperovich-Fernando Juri. La excesiva injerencia del Estado en la vida interna de los partidos al obligar a identificar a sus votantes con el sello de los sobres derivó en otra judicialización de la política. El voto cantado será realidad si prevalece la norma.
Esos escarceos, sin embargo, no desvían la atención de la cuestión de fondo. La maquinaria gubernamental cuenta con recursos suficientes para hacer añicos a sus antagonistas.La desigualdad de condiciones políticas en que se librará la lucha electoral del 18 de febrero puede hacer desistir a más partidos de la concurrencia a las urnas. La sombra de la experiencia venezolana planea sobre Tucumán. Los partidos opositores les dan hoy la espalda a los comicios legislativos mediante los cuales el gobierno autoritario de Hugo Chávez pretende legitimarse. La abstención se erige, así, en una eficaz herramienta de combate contra el oficialismo de turno. La Casa de Gobierno, sin embargo, toma precauciones. Alimenta monetariamente a partidos afines y a otros que no lo son tanto, con el fin de que haya más de un contendiente. Sin embargo, la discusión por la reforma constitucional se mantiene distante del grueso de la ciudadanía. Es difícil que esa brecha se cierre con el avance de diciembre y con el inicio de las vacaciones estivales. No se atisba en el corto plazo ningún intento de formalizar un pacto que sintetice las coincidencias básicas de los partidos, que puedan ser incluidas en la futura Carta Magna. Todo indica que el oficialismo se prepara para hacer aprobar durante la Asamblea Constituyente un proyecto que redactarán especialistas contratados por el Gobierno. Se supone que contará con más de 27 votos, lo cual le permitiría liquidar la tarea reformista en un plazo no mayor de diez días, como se deslizó en una charla del gobernador con legisladores. En esa rueda íntima se mencionaron los nombres de Fernando Sabsay y Gregorio Badeni, como potenciales escribas de la nueva ley constitucional. Los legisladores, además, fueron notificados de que se preservará la estructura de delegados comunales. Esto hace presumir, por lo tanto, que la nueva Constitución se votaría sin mayores controversias y sin tocar una coma. Lisa y llanamente se aprobaría a libro cerrado. Esa ejecutividad congeniaría con el plan alperovichista de congelar la política en el otoño de 2006, para dar más velocidad a la gestión administrativa. La presencia de la oposición, en esa hipótesis, no sería más que decorativa y serviría solamente para darle un toque democrático a la asamblea.
Sin salida asegurada
La perspectiva de la reelección inmediata no aplaca los nervios de muchos legisladores oficialistas. Entienden que el alperovichismo bien podría oponerles en 2007 listas con dirigentes confiables, como Mario Koltan y Silvia Temkin. Los cambios en la Constitución de 1990 no les abriría el camino para permanecer en el mundo de la política. La inquietud también ronda por las oficinas de la intendencia municipal de esta capital. A Domingo Amaya le toca la ciclópea misión de aproximarse lo más posible al techo de 137.000 votos cosechados por Beatriz Rojkés de Alperovich en los comicios del 23 de octubre. Si no llegara a superar el piso de 100.000 sufragios en la capital, los cañones del alperovichismo más puro dispararán sin piedad contra el intendente, al que ven con ínfulas de autonomía política. Tras ese paso en falso, se desplomaría el proyecto continuista de Amaya para 2007.
Las conjeturas respecto de las alquimias electorales y recetas jurídicas no desactivan las aprensiones por la situación socioeconómica. Los acuerdos de presiones forzados por la acción política pueden atenuar las presiones inflacionarias en el corto plazo, pero no atacan las causas de la subida de precios en su raíz más profunda. En la memoria colectiva resurge el recuerdo de lo que pasó con el pacto social de 1973. El disloque final de la economía es la consecuencia obligada del fracaso de ese tipo de acuerdos.
"Una congelación de precios es una política que sólo puede adoptarse en un momento para contrarrestar expectativas. Sin embargo, sólo se la puede emprender en forma temporaria, pues de no ser así provoca un alto grado de rigidez y de efectos a largo plazo perniciosos". Esta reflexión es de Guido Di Tella, quien la insertó en su ensayo "Perón-Perón. 1973-76". El pacto sobre control de precios que impulsa el kirchnerismo es temporario, pero el descalabro de la política de inflación cero no fue una anécdota.
