Nuevo peligro institucional

En la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se analiza un proyecto promovido por su titular, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, para reformar el Consejo de la Magistratura, que tiene a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial de la Nación. La iniciativa procura modificar la composición de los miembros del organismo, reduciendo su número de tal forma que altera el equilibrio procurado por la Constitución nacional -artículos 114 y 115- dándole preponderancia al poder político. La Ley Suprema determina por lo contrario que el Consejo "será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal"; y se agrega en el mismo artículo que dicha integración procederá con "otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley". La referencia al equilibrio es una constante constitucional tendiente a preservar la independencia del Poder Judicial.
La composición del Consejo es de 20 miembros: el presidente de la Corte Suprema, cuatro jueces, cuatro abogados, cuatro diputados, cuatro senadores, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo. La reforma en cuestión pretende reducirlos a 13, suprimiendo un senador y un diputado y, con ello, a los representantes de las segundas minorías de ambas cámaras del Congreso. También se eliminan uno de los jueces, dos abogados, al presidente de la Corte Suprema, y un académico. De sancionarse ese proyecto, los legisladores restantes y el representante del PE tendrán mayor gravitación en las comisiones de selección de jueces y de acusación. Se trata, en suma, de incrementar el poder político mayoritario en el control de la magistratura, lo cual ha promovido una firme reacción generalizada en los diversos sectores del país que observan un claro rasgo de avasallamiento de la independencia judicial.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ha expresado que es "el mayor retroceso en la Justicia desde la ampliación de los miembros de la Corte Suprema" y "sinónimo de manejo absoluto del poder político". La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional denuncia que se trata de "atentar contra la independencia del Poder Judicial", mientras que autoridades de 13 universidades nacionales rechazaron el proyecto de marras porque -manifiestan- "altera cualitativa y cuantitativamente el equilibrio que la Constitución impone". Otras asociaciones de abogados han coincidido en advertir esa amenaza contra el sistema de justicia, así como los sectores políticos que dejarían de formar parte del control constitucional del Consejo.
Desde su creación, el Consejo de la Magistratura ha mostrado imperfecciones y aciertos que, en consecuencia, requieren un análisis amplio de todos los sectores vinculados con la temática. En la mayoría de los casos, esa situación tuvo causa en la injerencia política, que debería ser reducida y no al revés, para asegurar la independencia y eficacia del Poder Judicial. Sin embargo, el proyecto oficialista tiende a lo contrario, con una clara tendencia hegemonista que procura avanzar hacia la centralización de los poderes republicanos.
El proyecto de la senadora Fernández de Kirchner ha sido acelerado a partir del reciente resultado electoral y se pretende dictaminarlo en la semana entrante, sin las necesarias consultas al amplio espectro de sectores involucrados. Es de esperar que sus promotores recapaciten, y que dejen de confundir nuevas etapas de gestión, a partir de un efímero resultado electoral, con los métodos autoritarios del pasado que desalentaron a los argentinos y desacreditaron a la Nación ante la comunidad internacional.