03 Diciembre 2005 Seguir en 
Hace algunos días, dedicamos este comentario al conflicto planteado en Aerolíneas Argentinas (ver "La huelga de pilotos", editorial de LA GACETA del 27 de noviembre último).
Señalamos entonces la indescriptible cantidad de complicaciones que, para la población en general y para prácticamente todas sus actividades, tal estado de cosas representa. Sin hacer apreciaciones sobre la razón -o sinrazón- que pudiera asistir a las reclamaciones de los huelguistas, ni discutir tampoco su derecho constitucional al reclamo, hablamos de la conveniencia de hacer pesar en la balanza el perjuicio de salientes características que el cese de actividades de pilotos y técnicos reflejaba para la población. Lo que definía, dijimos, la urgencia de destrabar el problema con celeridad, y encarrilarlo en la vía de una pronta solución.
La prolongada medida de fuerza -se extendió por nueve días consecutivos- ha tenido sus repercusiones dañosas en el conjunto de la sociedad. Efectos sobre cuya enorme trascendencia sería inútil reiterar adjetivos, ya que son imaginables por todos y constan en la crónica periodística cotidiana del asunto. Ellas van, por ejemplo, desde las angustias de los enfermos que no pueden ser trasladados, hasta las grandes pérdidas que se deben afrontar en materia de cargas, del comercio en general, de la hotelería, etcétera, aparte de las infinitas necesidades del traslado diario de personas y de familias. Los reportajes a los pasajeros varados dan clara idea de los daños que la huelga les genera, en situaciones concretas de la vida de cada uno. En suma, puede decirse que no hay ningún aspecto que no se vea seriamente vulnerado por una realidad como la que comentamos, y que trastornó severamente el movimiento regular de todo el país.
A pesar del acuerdo logrado por los pilotos y técnicos de Aerolíneas Argentinas, creemos que hay aquí una grave falla del Estado, que -a pesar del rol que le corresponde en materia de contralor y de regulación del servicio aéreo- ha permitido que el conflicto llegue a adquirir la magnitud que tuvo, en lugar de encarar su solución al comienzo, y con la prontitud que los intereses generales comprometidos señalaban. Se han dejado pasar los días, como si se tratara de una simple huelga que pudo solucionarse con el tiempo sin mayor impacto dañoso y, como sabemos, esto es otra cosa.
Pensamos que debe capitalizarse la lección que tales acontecimientos dejan, para no incurrir en un error similar en el futuro. Los conflictos de tan vasta incidencia como el que estamos comentando, pueden y deben ser desactivados antes de que adquieran una mayor dimensión. Si así se hubiera procedido en este caso, hubiéramos evitado el problema que se planteó en todo el país y en el exterior, en donde, una vez más, la imagen de la Argentina quedó dañada.
Un país que aspira a posicionarse adecuadamente en el exigente mundo moderno tiene que tener muy despierta atención respecto de cuestiones vitales, como son sin duda las vinculadas a un adecuado y fluido transporte de personas y cargas desde su territorio, hacia todos los puntos de su territorio y hacia el exterior. La infraestructura de vuelos, en la vida actual, tiene el carácter de una pieza clave, y remover todo obstáculo que interrumpa o problematice su funcionamiento debe constituir siempre una mayúscula prioridad para el Estado.
Así las cosas, es de esperar que la instancia de negociación que se abre entre los sectores en conflicto logren soluciones definitivas, de manera que vuelva a su movimiento normal -sin sorpresas futuras- un rubro de la más alta significación en la vida del país en general.
Señalamos entonces la indescriptible cantidad de complicaciones que, para la población en general y para prácticamente todas sus actividades, tal estado de cosas representa. Sin hacer apreciaciones sobre la razón -o sinrazón- que pudiera asistir a las reclamaciones de los huelguistas, ni discutir tampoco su derecho constitucional al reclamo, hablamos de la conveniencia de hacer pesar en la balanza el perjuicio de salientes características que el cese de actividades de pilotos y técnicos reflejaba para la población. Lo que definía, dijimos, la urgencia de destrabar el problema con celeridad, y encarrilarlo en la vía de una pronta solución.
La prolongada medida de fuerza -se extendió por nueve días consecutivos- ha tenido sus repercusiones dañosas en el conjunto de la sociedad. Efectos sobre cuya enorme trascendencia sería inútil reiterar adjetivos, ya que son imaginables por todos y constan en la crónica periodística cotidiana del asunto. Ellas van, por ejemplo, desde las angustias de los enfermos que no pueden ser trasladados, hasta las grandes pérdidas que se deben afrontar en materia de cargas, del comercio en general, de la hotelería, etcétera, aparte de las infinitas necesidades del traslado diario de personas y de familias. Los reportajes a los pasajeros varados dan clara idea de los daños que la huelga les genera, en situaciones concretas de la vida de cada uno. En suma, puede decirse que no hay ningún aspecto que no se vea seriamente vulnerado por una realidad como la que comentamos, y que trastornó severamente el movimiento regular de todo el país.
A pesar del acuerdo logrado por los pilotos y técnicos de Aerolíneas Argentinas, creemos que hay aquí una grave falla del Estado, que -a pesar del rol que le corresponde en materia de contralor y de regulación del servicio aéreo- ha permitido que el conflicto llegue a adquirir la magnitud que tuvo, en lugar de encarar su solución al comienzo, y con la prontitud que los intereses generales comprometidos señalaban. Se han dejado pasar los días, como si se tratara de una simple huelga que pudo solucionarse con el tiempo sin mayor impacto dañoso y, como sabemos, esto es otra cosa.
Pensamos que debe capitalizarse la lección que tales acontecimientos dejan, para no incurrir en un error similar en el futuro. Los conflictos de tan vasta incidencia como el que estamos comentando, pueden y deben ser desactivados antes de que adquieran una mayor dimensión. Si así se hubiera procedido en este caso, hubiéramos evitado el problema que se planteó en todo el país y en el exterior, en donde, una vez más, la imagen de la Argentina quedó dañada.
Un país que aspira a posicionarse adecuadamente en el exigente mundo moderno tiene que tener muy despierta atención respecto de cuestiones vitales, como son sin duda las vinculadas a un adecuado y fluido transporte de personas y cargas desde su territorio, hacia todos los puntos de su territorio y hacia el exterior. La infraestructura de vuelos, en la vida actual, tiene el carácter de una pieza clave, y remover todo obstáculo que interrumpa o problematice su funcionamiento debe constituir siempre una mayúscula prioridad para el Estado.
Así las cosas, es de esperar que la instancia de negociación que se abre entre los sectores en conflicto logren soluciones definitivas, de manera que vuelva a su movimiento normal -sin sorpresas futuras- un rubro de la más alta significación en la vida del país en general.







