Las negociaciones con el FMI

Suele decirse habitualmente que las relaciones del país con el Fondo Monetario Internacional son normales, pero debe entenderse que ese convencionalismo asume las dificultades para negociar un acuerdo contingente del Gobierno con el organismo. Cada vez que tal posibilidad se anuncia, surgen de inmediato diferencias sustanciales donde el pasado acecha y el oportunismo político le da entrada, postergando el entendimiento. Entretanto, la Argentina no deja de saldar la deuda que mantiene con la institución multilateral, apelando incluso a recursos esenciales con otros fines. Ahora, finalmente, parece haber llegado un no va más, y es ineludible sentarse a negociar para refinanciar los pagos de esa deuda, por la que en 2006 deberán abonarse U$S 5.085 millones, pautándolos hasta fines de 2008. La pretensión oficial de extender el compromiso responde a que en 2007 vencen otros 4.463 millones. Como puede advertirse, la frecuente invocación de poner fin a los créditos del Fondo para disponer de libertad en el diseño de la política económica, es un deseo lejano que excede al mandato del Gobierno actual. Si ese es el objetivo de máxima, debe reconocerse que el ministro de Economía trata de plantearlo mediante un discurso correcto y no por ello concesivo de las exigencias del organismo.
Ocurre, sin embargo, que el máximo responsable de la esperada negociación no cuenta frecuentemente con la colaboración necesaria para el contexto político de su mensaje, como puede advertirse en el ríspido trato verbal que el presidente Kirchner y funcionarios de su dependencia deparan al FMI. Un caso excepcional ha sido, nada menos, el del director y representante de nuestro país en el organismo, Héctor Torres, quien debe asumir la delicada gestión que ponga en marcha el convenio. El funcionario difundió recientemente un documento, donde sostuvo, entre otras consideraciones, que para que los programas del Fondo no sofoquen a la Argentina ni a otros países en su condición, el organismo deberá ser "lo menos intrusivo posible, limitar el pedido de reformas estructurales y otorgarle flexibilidad al gobierno para implementarlas". El concepto es correcto en cuanto el Fondo no debe excederse en su control macroeconómico; mas las observaciones que Torres hace respecto de nuestra experiencia, no siempre son realistas en cuestiones muy gruesas que resultan difíciles de eludir. Una de ellas, cuando señala que se exige al Gobierno la sanción legislativa de una nueva ley de coparticipación federal, "proyecto de una extremada complejidad y que podría generar una pérdida de recaudación" al poder central. Debe señalarse que esa ley está demorada desde hace una década, lo cual permite a la administración central el manejo de los recursos federales. Otra llamativa afirmación del representante en el Fondo es que la privatización de empresas públicas impidió al Estado disponer del aporte de sus recursos. Nada tan falaz, pues es público y notorio que ninguna de ellas tenía otros resultados que los cuantiosos déficits, con la consiguiente carencia de balances. Más sorprendente aún en ese documento es la afirmación de que la reforma previsional implicó una fuerte pérdida para las arcas públicas, lo cual implica reconocer que el sistema estatal de reparto -como efectivamente ocurre- permite disponer con fines diferentes de los fondos previsionales, postergando a los jubilados para satisfacer entre otros ítems, la deuda con el FMI. Flaco servicio el de ese funcionario que representa al país en el directorio del organismo internacional, pues da cuenta del respeto limitado que merecen desde hace tiempo la seguridad jurídica y el orden de valores establecido por nuestras instituciones.