El triunfo publicitario del gobernador José Alperovich radica en que buena parte de la sociedad está convencida de que él, por lo menos, hace. Y en una provincia harta de ver cómo no se hacía, esto es toda una novedad, cuando debería ser una costumbre. Tan buenos resultados electorales dio esta política que en el oficialismo están persuadidos de que sólo importa colocar ladrillos y pavimentar, a cualquier hora, precio y forma, porque eso es lo que la gente, en definitiva, quiere. Cualquier reparo, aun cuando nazca de las normas, es tachado como un obstáculo burocrático contra esa voluntad casi "albañileril" por las obras.
Por ello, es lógico que los funcionarios del intendente Domingo Amaya afirmen sin hesitaciones que él seguirá supervisando prácticamente todo en el municipio; les falta agregar que hasta controlará el zumbido de las moscas. Esto sería una elogiable muestra de vocación de servicio si no fuera por un detalle: desde el viernes, Amaya está técnicamente de campaña proselitista, en su carácter de primer precandidato a convencional por la capital por la lista oficialista del Frente para la Victoria.
El viernes debió haber solicitado licencia para, luego de guardar el saco y las corbatas (oficiales), seguir recorriendo las calles en busca de votos, con ropa más liviana, como uno más de los 355 políticos que se anotaron para participar de las internas abiertas del 18 de diciembre. Lo mismo debieron hacer los otros ocho jefes municipales y los 15 legisladores inscriptos. Pero el lunes, en compañía del gobernador, Amaya seguía supervisando obras con la chaqueta de intendente puesta.
¡Total, eso es lo que importa! Más incluso que el puntilloso artículo 1 de la Ley 6.632, que exige -sí o sí- el pedido de licencia, bajo pena de caducidad automática (de pleno derecho) de la candidatura. Justamente, la norma ordena esto para evitar que, pícaramente, quienes ocupan cargos públicos utilicen recursos y medios del Estado para fines proselitistas particulares.
La innovadora hermenéutica de los textos legales que Amaya o sus funcionarios practican es más osada todavía. La Ley 6.632 exige solicitar licencia para poder ser candidato; va de suyo que, por más formal que sea el pedido, este debe ser dirigido a alguien; en este caso, al Concejo Deliberante, como acontece en las democracias municipales más o menos serias. Esto no es un capricho, sino una exigencia de la propia Ley 5.529 (Orgánica de Municipalidades), que establece que el intendente no podrá ausentarse de Tucumán sino con autorización de los ediles. Si este deber rige para lo menos, es decir, para poder concretar un simple viaje a Salta, con más razón vale para lo más, esto es, para ser candidato, por tratarse de una situación incompatible con el desempeño de un cargo público, lo que hace imprescindible el pedido -y aprobación- de una licencia, no ya de una mera autorización. Sólo así es posible poner en marcha el mecanismo previstos para cubrir la vacancia temporaria.
No obstante, por medio del insólito decreto 3.530, el viernes, Amaya se pidió y se concedió a sí mismo una licencia por 30 días, eso sí, sin goce de sueldo (menos mal). Pese a este autocrático procedimiento, el lunes andaba haciendo de intendente, sin importarle que ya había dejado el cargo al presidente del Concejo, Ramón Cano. Este, cuando se dio cuenta de que el sillón del Departamento Ejecutivo seguía ocupado, volvió a su puesto, pero allí ya estaba instalado, como correspondía, el radical Federico Romano Norri, quien debía asumir la titularidad del Concejo.
Amaya, cuya legitimidad es más que precaria (no llegó por el voto, sino por el dedazo de Alperovich tras la detención/renuncia de Antonio Bussi), en octubre de 2004, ya había concretado una escapadita a Buenos Aires sin avisar al Concejo. El desdén que muestra por las normas no sería llamativo -ni preocupante- si no fuera porque, casi con seguridad, será el primer convencional de la provincia. De él dependerá, al menos en teoría, la redacción de la futura Constitución. Nada más, nada menos.
