Fallo electoral testimonial

La Cámara Nacional Electoral ha dictado una acordada instando a todos los poderes del Estado a que hagan efectiva la obligatoriedad del voto que contempla el artículo 37 de la Constitución. "El incumplimiento injustificado de esa obligación -expresan los camaristas- constituye una falta electoral que lleva aparejadas diversas sanciones"; es decir, no sólo pecuniarias -cuyo monto se halla desactualizado- sino el impedimento de ocupar funciones o empleos públicos durante tres años, y realizar gestiones o trámites ante organismos públicos sin el pago de la multa correspondiente. Los constituyentes reformadores de 1994 fueron en ese orden bastante prolijos, como en tantos otros que, al igual que en este caso, son desatendidos por las autoridades de aplicación. Casi el 30 % del padrón habilitado en el orden nacional no concurrió a votar en los comicios del 23 de octubre, sin que se conozca un solo caso de sanción.
Pero el hecho no es nuevo. Ya hace bastante tiempo que el ausentismo se practica impunemente. Podría decirse, incluso, que tan extendido comportamiento electoral guarda estrecha relación con el progresivo descrédito que padecen los partidos políticos entre la ciudadanía.
Precisamente, mientras se conocía esa acordada, se difundía una encuesta de Unión para la Nueva Mayoría sobre imagen institucional, donde el último lugar es ocupado por los partidos, con apenas 2 puntos positivos, 29 regulares y 66 negativos. El orden precedente es encabezado por los medios de comunicación y seguido por la Iglesia Católica, el empresariado, la Policía, el sindicalismo, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y el Congreso, penúltimo en la escala. La encuesta consigna, en cuanto a las instituciones fundamentales del sistema representativo, algo que no es nuevo y que apareció en otros análisis de opinión que coinciden en lo que es vox populi. La Cámara Nacional Electoral ha remitido copia de su acordada a la Corte Suprema, al Congreso de la Nación, al jefe del Gabinete de Ministros y al ministro del Interior. Salvo el tribunal supremo, los restantes destinatarios son también -en última instancia- responsables éticos y morales de no haber procurado hasta el momento rescatar a las agrupaciones partidarias de esa virtual anomia que las mantiene a puertas cerradas ante la sociedad. Basta observar los resultados electorales de los recientes comicios para advertir que la mayoría de los competidores son agrupamientos o alianzas con que los partidos tratan de sobrevivir tras la crisis.
Cabe reflexionar igualmente sobre lo que podría ocurrir si el voto dejara de ser obligatorio, como acontece en las democracias más calificadas, por lo que su mantenimiento se hace imprescindible, a la vez que poner fin a la crisis de los partidos políticos que, finalmente, afecta al oficialismo. La gravedad de esta circunstancia es extraordinaria igualmente desde el punto de vista institucional. El Partido Justicialista no sólo carece de conducción nacional por imposibilidad de constituirse, sino que el Gobierno del presidente Kirchner ahora lo ejerce en nombre del Frente para la Victoria, una coalición de voluntades carente de afiliados y sin autoridades estatutarias ni carta orgánica. Igualmente crítico por su dispersión es el proceso que atraviesa la Unión Cívica Radical. Entre tanto, no se advierte propósito alguno de proceder a una reforma del sistema representativo y de partidos que comience por la verificación de sus padrones. Ante esa realidad y la pretensión de reorganizar la política mediante el abuso escasamente controlado de recursos públicos, nuestra democracia constitucional enfrenta el riesgo inédito de quedar sin organizaciones intermedias o, lo que es lo mismo, sin sistema representativo real.