22 Noviembre 2005 Seguir en 
Previamente a las elecciones, el Gobierno ha venido estimulando la economía mediante políticas activas. Por ejemplo, en el caso de la política monetaria, se vino estimulando el consumo y desestimulando el ahorro a través de tasas de interés muy bajas.
A esto se sumaron una política de ingresos expansiva (aumentos de salarios y jubilaciones) y una política fiscal expansiva en el margen (se redujo el superávit primario).
Si se tiene en cuenta que la economía ha entrado en una etapa en la cual se llegó al límite de la capacidad instalada de producción, cualquier estímulo a la demanda agregada termina afectando los precios, dado que resulta difícil que la oferta pueda reaccionar en lo inmediato.
En términos simples, si la capacidad productiva permite obtener nada más que 100 unidades de producción, pero la gente demanda 110 unidades porque tiene estímulos para hacerlo (conviene comprar una TV nueva, en vez de depositar la plata en un plazo fijo por el que se obtiene, con suerte, el 5% anual), evidentemente habrá un aumento de precios para racionar las unidades existentes de producción, hasta que se pueda ampliar la capacidad productiva o hasta que la cantidad demandada se reduzca e iguale a lo que la oferta puede efectivamente brindar. De ahí que durante 2005 se haya observado una preocupante escalada de los precios.
En octubre, el Indice de Precios al Consumidor nivel general mostró un incremento interanual de 10,7% (cuando en el mismo lapso de 2004 aumentó 5,7%).
Analizadas desde su impacto en la capacidad productiva y en la demanda agregada, las medidas tomadas recientemente (fondo anticíclico de corto alcance, reducción de las indemnizaciones, eliminación de reintegros) lucen más como paliativos de corto plazo, que como medidas enfocadas decididamente a solucionar el problema de la inflación. Lo prudente sería reducir los estímulos a la demanda agregada por medio de una política económica más restrictiva y paralelamente ir delineando reglas de juego claras y transparentes que estimulen la inversión para lograr un aumento en la capacidad productiva.
(Exclusivo para LA GACETA)
A esto se sumaron una política de ingresos expansiva (aumentos de salarios y jubilaciones) y una política fiscal expansiva en el margen (se redujo el superávit primario).
Si se tiene en cuenta que la economía ha entrado en una etapa en la cual se llegó al límite de la capacidad instalada de producción, cualquier estímulo a la demanda agregada termina afectando los precios, dado que resulta difícil que la oferta pueda reaccionar en lo inmediato.
En términos simples, si la capacidad productiva permite obtener nada más que 100 unidades de producción, pero la gente demanda 110 unidades porque tiene estímulos para hacerlo (conviene comprar una TV nueva, en vez de depositar la plata en un plazo fijo por el que se obtiene, con suerte, el 5% anual), evidentemente habrá un aumento de precios para racionar las unidades existentes de producción, hasta que se pueda ampliar la capacidad productiva o hasta que la cantidad demandada se reduzca e iguale a lo que la oferta puede efectivamente brindar. De ahí que durante 2005 se haya observado una preocupante escalada de los precios.
En octubre, el Indice de Precios al Consumidor nivel general mostró un incremento interanual de 10,7% (cuando en el mismo lapso de 2004 aumentó 5,7%).
Analizadas desde su impacto en la capacidad productiva y en la demanda agregada, las medidas tomadas recientemente (fondo anticíclico de corto alcance, reducción de las indemnizaciones, eliminación de reintegros) lucen más como paliativos de corto plazo, que como medidas enfocadas decididamente a solucionar el problema de la inflación. Lo prudente sería reducir los estímulos a la demanda agregada por medio de una política económica más restrictiva y paralelamente ir delineando reglas de juego claras y transparentes que estimulen la inversión para lograr un aumento en la capacidad productiva.
(Exclusivo para LA GACETA)
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