Edificios no declarados

La Dirección General de Catastro informó -como publicamos- acerca de una comprobación significativa. Detectó que 16.323 terrenos que figuraban como baldíos en los registros, estaban en realidad ocupados por diversas construcciones -desde casas hasta countries- no declaradas por sus propietarios, en algunos casos desde hace ya una década. La información de referencia, así como la de mejoras que no se denunciaron en predios edificados, fue girada a la Dirección General de Rentas, organismo que efectuará -según anunció- la depuración de los padrones, a fin de facturar correctamente el tributo inmobiliario.
El dato indica un par de puntos que merecen un comentario. En primer lugar, lo positiva que resulta esta campaña, que busca instalar el realismo en la relación de fisco y propietarios. Como se sabe, está llegando a su fase final el Relevamiento Catastral de la Provincia, que se inició con un crédito del Banco Mundial hace unos cinco años, y que identificó todas las propiedades del territorio tucumano mediante fotos aéreas y censos urbanos y rurales. Se llegará, así, a dejar establecido lo que legalmente procede. Esto es, que cada propietario satisfaga, por su propiedad, el impuesto inmobiliario que le corresponde, y no uno inferior, determinado por la falta de registro de las construcciones y mejoras que se practicaron.
De otra manera, se produce un daño económico a la Provincia, a la vez que se consuma una injusticia. En efecto, el erario público deja de percibir las sumas que se le destinan por ley, con sensible perjuicio para sus recursos, por una parte. Y por la otra, el propietario que paga sus tributos debidamente queda en desigualdad de condiciones con el que, aprovechando la ignorancia fiscal, deposita una suma mucho menor. Todo esto habrá de terminar cuando se establezca la auténtica situación de los inmuebles, gracias al apuntado relevamiento. Por otro lado, nos parece que los propietarios debieran comportarse de otra manera. Es decir, adquirir definitivamente esa “conciencia fiscal” que, en los países más civilizados, se halla establecida, y que prevé penalidades tan fuertes que nadie osa descartarla.
Tal conciencia es uno de los elementos que forman parte del sistema democrático y republicano de gobierno, como lo han destacado con frecuencia los tratadistas de ciencia política. Puesto que reclamamos del Estado una serie de obras y servicios enderezados a mejorar las condiciones de nuestra vida, es justo que nos acostumbremos a costear la porción que de ellos nos toca, de acuerdo con normas por todos conocidas.
Casi no sería necesario recordar que el Estado podría librarse de muchos apuros económicos, y realizar obras reclamadas por la población, si la recaudación tuviera la amplitud necesaria. Las cifras están mostrando la significación que exhiben los montos evadidos. De acuerdo con el director de Rentas, en 2004 el valor inmobiliario de toda la provincia era de unos $ 3.000 millones, y con los datos del relevamiento, para 2005 se calcula un total de $ 6.308 millones.
Es evidente, entonces, que la situación vigente era anormal, y que se debe revertir sin pérdida de tiempo. Es decir, llegarse a una realidad en la que el Estado tenga registrados perfectamente a todos los que deben que pagar impuestos, de manera que efectivamente los paguen. Y que, en consecuencia, deje de producirse el injusto caso de que unos lo hagan y otros no, y que todos se beneficien con el producto final de la recaudación. El relevamiento catastral hará posible ese logro, que tiene que ver tanto con los recursos financieros de la provincia, como con el cumplimiento adecuado de la ley, en última instancia.