La intolerancia presidencial

La última declaración de la Conferencia Episcopal Argentina generó la intolerante reacción del presidente, Néstor Kirchner, quien objetó la legitimidad de los obispos para analizar la realidad del país. El mandatario nacional les reprochó a los prelados su actuación durante el último gobierno militar y se quejó de que la Iglesia actúe -en su opinión- como un partido político. Las declaraciones mostraron, una vez más, un gobierno hipersensible ante las críticas e incapaz de realizar una lectura de los hechos que supere las explicaciones conspirativas.
La reacción podría explicarse por el reduccionismo y por los prejuicios que se suelen utilizarse para justificar lo que sucede en Argentina. La Iglesia, las Fuerzas Armadas, el Congreso, la prensa, la Constitución y casi todos los políticos padecieron, en momentos recientes, los efectos de la visión simplista de quienes suelen contemplar la realidad según sus necesidades inmediatas.
Lo que no puede entenderse es cómo la vocación por el conflicto permanente les impidió a las autoridades políticas hacer una lectura profunda de uno de los documentos más crudos redactados en la Argentina tras las crisis de 2001. En efecto, la reacción de Kirchner sólo contribuyó a diluir el contenido del trabajo "Una luz para reconstruir la Nación", que plantea con honestidad y sin medidas tintas los desafíos que nos correspondería enfrentar para no repetir los errores de la historia reciente.
La intolerante indignación presidencial se basó en dos ejes del texto firmado por los obispos hace unos días. Uno miró al pasado y advirtió sobre los riesgos que podría traer una visión sesgada de lo que ocurrió en los años 70. El otro se proyectó al futuro y calificó como cuestión de ineludible atención al crecimiento de la desigualdad. Según los religiosos, la interpretación de la historia nacional está atravesada por cierto maniqueísmo que ha alimentado el encono entre los argentinos. Plantearon que conviene preguntarse si se está trasmitiendo toda la verdad de lo acaecido en la década del 70 o si sólo se ofrece una visión sesgada de los hechos. Sería grave desconocer el daño que provocó el terrorismo de Estado, pero sería igual de grave silenciar los crímenes cometidos por las organizaciones subversivas en aquellos años. La declaración hizo blanco en una herida abierta de los argentinos. En la agenda del Presidente este es un tema central, y la reacción del mandatario no hizo más que justificar los términos de la declaración episcopal.
No es patrimonio suyo el maniqueísmo histórico. Los tucumanos solemos padecerlo casi a diario en muchas de los debates comarcanos. Pero es inaceptable que el Presidente descalifique las lecturas del pasado argentino que no comulguen con la particular perspectiva que él tiene respecto de lo ocurrido en ese período oscuro.
En la cuestión social el análisis es todavía más profundo, y resulta difícil comprender por qué los lectores oficiales obviaron enfoques que podrían suscribir. Los obispos hablaron de la pobreza de quienes no tienen trabajo y de aquellos que carecen de educación. Reconocieron que se hizo mucho para revertir la situación, pero recalcaron que es mucho lo aún que resta por hacer.
Tras convocar a adoptar políticas firmes y decididas, los prelados advirtieron que en una sociedad donde crece la marginación no serían de extrañar manifestaciones violentas por parte de sectores excluidos. Los recientes sucesos de Francia justifican la alerta. Los saqueos de diciembre de 2001 en casi todo el país, también.
La Iglesia analiza la realidad desde una mirada moral, y es lógico que sus juicios rocen a los poderes políticos. La madurez institucional exige de Kirchner que serene su ánimo, abra el camino al diálogo y acepte las críticas sin considerarlas actos provocativos a la investidura del jefe de Estado. La intolerancia de quienes se creen dueños de la verdad siempre afecta a la democracia.