Debe calificarse la gestión exterior

El Presidente de la Nación ha solicitado acuerdo al Senado para designar embajador en México al senador por La Rioja, Jorge Yoma, cuyo mandato finaliza con el actual período de sesiones parlamentarias. Es público y notorio que el representante provincial desistió, por pedido presidencial, de promover su reelección, para facilitar esa candidatura al gobernador Angel Maza, en su disputa con el ex presidente Carlos Menem. El dato no es menor para advertir el criterio que desde la década anterior han mantenido casi todos los gobiernos acerca de la especificidad y calificación que requieren las máximas representaciones del país en la comunidad internacional.
El concepto, por cierto, no descalifica al legislador, cuyo prolongado desempeño se caracterizó por la dedicación a sus funciones. Tampoco es esa una designación ocasional, pues se incluye en cerca de una veintena de casos semejantes que, a partir de los años 90, desplazaron en embajadas ante importantes gobiernos, a integrantes del Servicio Exterior de la Nación (SEN), académicamente formados para las trascendentes misiones. Esos nombramientos, desde entonces tan comunes, duran lo que quienes los disponen permanecen en sus mandatos, pero a causa de la última crisis institucional y las rápidas sucesiones presidenciales, algunos embajadores políticos debieron ser confirmados.
Ninguna norma o costumbre impide esa clase de designaciones e, inclusive, suele ser aconsejable que en determinadas circunstancias un presidente apele a un embajador político. Por lo contrario, lo que debiera ser una excepción, hace tiempo que ya no lo es, y más de una embajada parece un premio por servicios muy diferentes de sus intereses específicos. Un caso muy notorio de las consecuencias ha sido en estos días el de la embajadora política en Venezuela, Nilda Garré, quien, al referirse en declaraciones públicas al viaje del presidente Kirchner a Caracas, tuvo expresiones despectivas sobre el de México, Vicente Fox, con quien mantiene un conflicto el mandatario venezolano, Hugo Chávez. Nada tan inoportuno y ajeno a la representante argentina.
Otro testimonio había sido tiempo atrás el incidente con Cuba por la negativa del dictador Fidel Castro a permitir que la científica Hilda Molina viajara a Buenos Aires para visitar a su familia. El hecho, torpemente manejado en Buenos Aires, evidenció la incapacidad de otro embajador político en La Habana y de un funcionario no diplomático de la Cancillería, si bien no impidió la sustitución del caso por otro representante argentino del mismo carácter.
Desde la década anterior, la política internacional de nuestro país ha sido reiteradamente identificada con la del partido gobernante, salvo en la interrumpida gestión de la Alianza, por lo que no debería extrañar su personalización. Sin embargo, resulta difícil comprender que disponiendo el país de un servicio exterior organizado como exigente carrera académica, sólo comparable en el Estado a la militar, se apele a ese estilo que en nada favorece la continuidad de una política que, como la exterior, es la de la Nación ante la comunidad internacional. También en este punto el sector público se encuentra en grave deuda de sus administradores, advirtiendo o no que en casi medio siglo de existencia el Servicio Exterior de la Nación supo resistir con su eficiencia y capacidad específica los desbarajustes de crisis sucesivas.
La política exterior debe ser despersonalizada. La observación más inmediata para comprender que ha de ser así es poner atención a lo que hacen las naciones más exitosas, inclusive entre las limítrofes, para defender los intereses permanentes del Estado, confiándoselos a los más capaces por su formación y vocación profesional.