Un caso que nos concierne a todos

La decisión de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de promover juicio político al jefe del Gobierno porteño por sus responsabilidades de gestión en el caso de la discoteca Cromagnon es un hecho que trasciende a todo el país. No sólo por la magnitud de la tragedia, sino por lo testimonial de las carencias del Estado para el cumplimiento de sus fines, en los órdenes nacional, provincial y municipal. Por añadidura, el fuerte centralismo que condiciona nuestro régimen federal configura, con aquella ineficiencia, situaciones de inseguridad institucional que afectan los derechos de las personas a la protección de sus legítimos intereses. La forma escandalosa con que se produjo aquella decisión legislativa ha sido precisamente consecuencia del manejo tortuoso con que, desde el poder, se procuró impedir un juzgamiento previsto por la Constitución porteña. La indignada reacción de los afectados por la tragedia ante esos obstáculos y maniobras que, a veces con descaro, obstaculizaron el procedimiento institucional, provocó un amplio acompañamiento entre la sociedad. Once meses debieron transcurrir desde la tragedia para que las irregularidades en los controles de seguridad puedan ser analizadas y determinar la responsabilidad política.
No puede olvidarse que, a partir de Cromagnon, en múltiples lugares del país se advirtió que algo semejante podría ocurrir por las mismas causas, como evidenciaron numerosas denuncias sobre riesgos por violación de normas de seguridad y ausencia de controles eficaces. Esa tragedia tuvo la virtud de arrojar luz, como nunca antes, sobre la razón última de nuestros mayores problemas; allí donde nuestra seguridad como comunidad está a cargo del poder público. En aquella ocasión se dijo en este mismo lugar y es conveniente repetir ante el reciente escándalo porteño, que durante años y de manera creciente, los gobiernos de turno, más allá de sus diferencias partidarias, sostuvieron una ideología común frente a ese problema: contraponer el orden y la seguridad al legítimo ejercicio de las libertades individuales. Toda una doctrina de hecho que devaluó finalmente la crítica función del sector público hasta generalizarse en el "efecto Cromagnon".
Consecuente con esa confusión, fue el descrédito cualitativo del Estado como organización jurídica de la Nación y árbitro de la sociedad libre, cuya conducción política debe ejercerse mediante estructuras burocráticas calificadas. Todo lo contrario de la influencia partidocrática, el nepotismo y el amiguismo que, sin rubor alguno de sus beneficiarios, usufructúa cargos en los poderes del Estado.
El caso Cromagnon nunca será el pasado, mientras opere igualmente como fuerte impulsor de la gran reforma administrativa que requiere no sólo el Estado nacional. Es ahora el juicio político del alcalde porteño el detonante para una iniciativa mayor, al dar testimonio formal de esa degradación de la función pública. Más allá de la responsabilidad personal que pueda o no surgir, lo esencial es demostrar que la ciudadanía, cuando fallan sus representantes, tiene derecho a exigirles el cumplimiento de sus deberes. En este caso, el de encarar una reforma que, como ocurre desde la restauración constitucional, sigue siendo otra vaga promesa invariablemente sofocada por las invasiones clientelísticas en todos los niveles políticos y administrativos. El principio de idoneidad específica para ejercer la función pública debe ser rescatado como valor supremo del Estado eficiente. Acaso parezca que se trata de un empeño demasiado ambicioso, pero esa tragedia está demostrando que, cuando se lo propone, nuestra sociedad puede lograrlo, exigiendo sin claudicaciones la protección de sus intereses comunes.