Reafirman que los casos de secuestro son de índole federal

Buenos Aires.- La Corte Suprema reafirmó que corresponde a la Justicia Federal intervenir en la causa por el secuestro extorsivo del joven Cristian Ramaro, ocurrido el año pasado en la localidad bonaerense de Tigre, y destrabó el trámite para que el expediente sea elevado a juicio.
Debido a que surgió un conflicto de competencia en la Justicia de San Isidro, el alto tribunal entendió que después de una instrucción de nueve meses en la Justicia Federal, pasar el expediente a otro fuero "atentaría tanto contra el éxito de esta investigación, así como contra el de las otras relacionadas".
Ramaro fue secuestrado el 8 de junio de 2004, cuando salía de su casa de Tigre, y fue reducido por varios captores que lo obligaron a entrar a un automóvil, le taparon el rostro y lo trasladaron hasta una vivienda de Pilar.El joven permaneció cautivo allí hasta una semana después, cuando luego de dos pagos realizados por su familia -el primero a falsos secuestradores-, fue dejado en libertad en la localidad de Del Viso.
El juez federal de San Isidro, Conrado Bergesio, procesó con prisión preventiva por secuestro extorsivo agravado a Leandro Santo y a Amadeo Araujo, mientras que imputó extorsión a Víctor Mansilla y a Walter Martínez, los encargados de cobrar el primer rescate.
En tanto, procesó a Alberto Colman y a Leonardo Contillo por tenencia ilegítima de armas, pero luego de que el fiscal del caso pidió la elevación a juicio de la causa, se declaró incompetente. Para fundar su decisión, sostuvo que de la pesquisa realizada "no surgía elemento alguno que permitiera sospechar una afectación directa, ni indirecta, a la seguridad del Estado nacional o a alguna de sus instituciones".
El caso pasó entonces al Juzgado de Garantías 4, pero el magistrado rechazó su competencia.
"Por la modalidad delictiva, las últimas reformas legislativas sobre la materia y la conmoción pública causada por la ?ola de secuestros? no puede válidamente afirmarse que no resulta afectada directa, ni indirectamente la seguridad del Estado nacional o de alguna de sus instituciones", consideró el juez.
Estos argumentos fueron recogidos por el procurador general, Luis González Warcalde, y por la Corte, que dispuso que la investigación siga a cargo del fuero federal. Sólo ordenó que se remita a la Justicia provincial la parte del expediente en el que se investiga la tenencia de armas de guerra, porque "no guardarían relación con el secuestro extorsivo, ni se advierte que pusieran en peligro la seguridad del Estado". (Télam)