Durante cada uno de los días hábiles de setiembre, casi medio centenar de tucumanos acudieron a la Defensoría del Pueblo de la provincia para reclamar que se hagan respetar sus derechos.
"La atención es constante porque la gente usa el servicio que le damos y porque la institución ha obtenido consenso social", asegura el ombudsman Jorge García Mena. Explica, así, que el organismo haya recibido durante el mes pasado 924 consultas jurídicas, lo que equivale a haber atendido a unas 47 personas por día, según la estadística oficial.
"Gente de todas las clases sociales viene a plantear sus problemas. Desde vecinos de barrios de la periferia, que se quejan porque las raíces del árbol de uno perjudica el inmueble de otro, hasta quienes viven en Barrio Norte y pugnan para que se controle la proliferación de drugstores y se combata la generación de ruidos molestos", dijo.
Sin lugar
García Mena también tiene su propia queja. "Tenemos serios problemas de espacio", remarcó.
Hace referencia a que las dependencias de San Martín al 300, que pertenecen al edificio del ex Banco de la Provincia, no dan abasto. "Todas las oficinas están colmadas y a muchas (en planta baja) hubo que separarlas con armarios para crear ciertos ámbitos de trabajo", detalló.
El segundo piso, por ejemplo, está en manos del Ministerio de Economía. Por otra parte, el funcionario alude al estado del edificio. "Destinamos muchos recursos para mantenerlo, pero como se trata de un inmueble que ha sido declarado patrimonio histórico, estamos impedidos, por ejemplo, de cambiar el ascensor", manifiesta.
El elevador tiene dos puertas de rejillas deterioradas. "Tenemos inconvenientes para atender adecuadamente a las personas con discapacidades. Debimos disponer que cuando se acerquen para consultar sobre la evolución de una actuación, que se tramita en el primer piso, los empleados vayan a planta baja para atenderlos", precisó.
Según el ombudsman, brindar a los vecinos una atención adecuada en un espacio conveniente no es una cuestión que se reduzca a la comodidad.
"Atendemos a gente que viene desahuciada, porque no ha podido solucionar su problema. Cuando llegan aquí, consideran que somos el último recurso, de modo que lo primero que debemos hacer es darles contención", concluyó.
"La atención es constante porque la gente usa el servicio que le damos y porque la institución ha obtenido consenso social", asegura el ombudsman Jorge García Mena. Explica, así, que el organismo haya recibido durante el mes pasado 924 consultas jurídicas, lo que equivale a haber atendido a unas 47 personas por día, según la estadística oficial.
"Gente de todas las clases sociales viene a plantear sus problemas. Desde vecinos de barrios de la periferia, que se quejan porque las raíces del árbol de uno perjudica el inmueble de otro, hasta quienes viven en Barrio Norte y pugnan para que se controle la proliferación de drugstores y se combata la generación de ruidos molestos", dijo.
Sin lugar
García Mena también tiene su propia queja. "Tenemos serios problemas de espacio", remarcó.
Hace referencia a que las dependencias de San Martín al 300, que pertenecen al edificio del ex Banco de la Provincia, no dan abasto. "Todas las oficinas están colmadas y a muchas (en planta baja) hubo que separarlas con armarios para crear ciertos ámbitos de trabajo", detalló.
El segundo piso, por ejemplo, está en manos del Ministerio de Economía. Por otra parte, el funcionario alude al estado del edificio. "Destinamos muchos recursos para mantenerlo, pero como se trata de un inmueble que ha sido declarado patrimonio histórico, estamos impedidos, por ejemplo, de cambiar el ascensor", manifiesta.
El elevador tiene dos puertas de rejillas deterioradas. "Tenemos inconvenientes para atender adecuadamente a las personas con discapacidades. Debimos disponer que cuando se acerquen para consultar sobre la evolución de una actuación, que se tramita en el primer piso, los empleados vayan a planta baja para atenderlos", precisó.
Según el ombudsman, brindar a los vecinos una atención adecuada en un espacio conveniente no es una cuestión que se reduzca a la comodidad.
"Atendemos a gente que viene desahuciada, porque no ha podido solucionar su problema. Cuando llegan aquí, consideran que somos el último recurso, de modo que lo primero que debemos hacer es darles contención", concluyó.
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