Sisto Terán ganó tiempo en la Legislatura, con la intención de que el clima social se distienda hasta la semana próxima. Venía reclamando paciencia ante el atraso en el pago de los salarios de junio a los empleados estatales.
A los legisladores, el vicegobernador les pedía públicamente prudencia, mientras atribuía a los medios de comunicación el desasosiego que genera una política monetaria desacertada.
Cuando Julio Miranda llegó a la Casa de Gobierno, en octubre de 1999, existía un stock de $ 65 millones en bonos. Ahora esa masa ronda los $ 168 millones, con un sistema de conversión que entró en colapso. El costo de la hiperemisión lo sufre la gente.
El apagón organizado por la Federación Económica de Tucumán (FET) trasuntó el malestar del empresariado por ese hecho. Y la proliferación de las "cuevas" que cobran tasas usurarias para cambiar los bonos por dinero agravó la situación.La Cámara -con el rechazo abierto del mirandismo- estableció la operatoria FET con canje a 35 días y la eliminación del sistema paralelo, pero el gobernador vetó la ley. El receso de julio demoró el tratamiento del veto mirandista, pero el interbloque opositor reclamó que la Cámara sesione mañana. La idea era insistir en la sanción de la ley. Terán se movió silenciosamente para frustrar la comisión de Labor Parlamentaria, objetivo que consiguió hasta el martes. El cuadro se modificó anoche, cuando Terán percibió que las acciones podían escapar a su control. Por eso, fue a Labor Parlamentaria y aterrorizó a sus interlocutores, refiriéndoles que la Nación incumplió el pacto firmado con la Provincia.
El anuncio dividió a los opositores: Gumersindo Parajón y Rodolfo Succar insistieron en mantener la sesión para mañana, pero su par José Ricardo Ascárate -promotor del planteo- accedió a que se difiriera para la semana próxima. Logró un respiro. Ascárate, con todo, salió satisfecho porque Terán reconoció que el ministro Joaquín Ferre privilegió el canje a 35 días -regulado por decreto- en perjuicio de los depósitos a 56 días, para satisfacer a la FET. De todos modos, Osvaldo Jaldo y sus socios dicen que le torcerán el brazo al Gobierno. En este temen que si no se cumple con la ley, Miranda quede expuesto a un juicio político.
