El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió en una entrevista ayer que su política de deportación masiva de inmigrantes fue “demasiado dura”, pocos días después de la derrota de su partido republicano en las legislativas de mitad de mandato.
“Pienso que fue demasiado dura”, respondió el mandatario cuando se le preguntó en la cadena CBS sobre su política de deportaciones de inmigrantes, según apartes difundidos por el medio en redes sociales.
Si bien Trump ha ganado cierto apoyo por reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, la ofensiva de su gobierno para deportar a millones de migrantes indocumentados ha generado críticas generalizadas.
Sin embargo, el viernes Trump nombró al artífice de esa política de línea dura, Stephen Miller, como su jefe de gabinete, lo que se augura como una contraofensiva tras la derrota republicana.
Miller se ha convertido en sinónimo de escenas de agentes de inmigración enmascarados cometiendo actos de violencia, después de que respaldó a los agentes federales que dispararon y mataron a dos estadounidenses a comienzos de este año.
La política migratoria de Trump se basa en reducir drásticamente la inmigración hacia EEUU, endurecer los controles fronterizos y ejecutar deportaciones masivas. Su estrategia no apunta únicamente a quienes ingresaron ilegalmente: también alcanza a inmigrantes que habían obtenido permisos temporales, protección humanitaria o incluso residencia legal en determinadas circunstancias.
Control de las fronteras
Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, Trump convirtió la inmigración en uno de los ejes centrales de su Gobierno. Su objetivo declarado es recuperar el control de las fronteras y priorizar la seguridad nacional, pero sus medidas generaron fuertes controversias judiciales, políticas y humanitarias. Uno de los pilares de su política migratoria son las deportaciones masivas. Trump prometió deportar hasta un millón de inmigrantes por año y amplió considerablemente las facultades y los recursos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Las detenciones ya no se concentran exclusivamente en personas condenadas por delitos graves. También alcanzan a inmigrantes sin antecedentes penales que carecen de autorización para permanecer en el país.
Según distintos informes, durante los primeros 18 meses de su segundo mandato se realizaron aproximadamente 980.000 deportaciones.
