El transporte público de pasajeros vuelve periódicamente al centro del debate tucumano. Cambian los costos, las tarifas y los anuncios, pero persiste la incertidumbre sobre la calidad y la continuidad del servicio. Esa recurrencia permite advertir una dificultad de fondo: las respuestas destinadas a atender las urgencias todavía no consiguen consolidar una solución duradera.
Las noticias de los últimos días en nuestras diferentes plataformas muestran distintas dimensiones del problema. La Provincia destina alrededor de $12.000 millones mensuales al sostenimiento del sistema, entre compensaciones y boletos gratuitos para estudiantes y jubilados. A ese esfuerzo se agregan los recursos municipales. Son aportes significativos, que requieren una evaluación pública de sus resultados. La emergencia que atraviesa el sector desde 2018 obliga, además, a preguntarse cuánto puede prolongarse una situación excepcional sin revisar las condiciones que la originan. Los empresarios sostienen que los recursos resultan insuficientes. Según la estimación de Aetat, sin asistencia estatal el boleto debería rondar los $3.500. La entidad también señala una fuerte disminución de pasajeros respecto de 2019 y aumentos de los costos operativos. Estas advertencias merecen consideración y deben poder contrastarse con información accesible. Conocer los costos, la recaudación y las prestaciones efectivamente realizadas es indispensable para discutir con fundamento cuánto debe aportar el Estado y qué compromisos deben asumir las empresas. La distribución de los recursos nacionales integra esa discusión. La Capital participó del reclamo de más de 80 intendentes por las diferencias entre el tratamiento del transporte del interior y el del área metropolitana de Buenos Aires. El planteo de una mayor equidad federal merece una respuesta. Al mismo tiempo, las gestiones ante la Nación deben acompañarse con decisiones locales que permitan aprovechar mejor los fondos disponibles y fortalecer los controles sobre el servicio. Ambas responsabilidades pueden y deben atenderse simultáneamente.
En la Capital, se preparan pruebas para reorganizar recorridos y evaluar frecuencias e infraestructura. La iniciativa abre una oportunidad, aunque persisten interrogantes sobre su implementación. También se anunció la incorporación de unos 60 colectivos hasta fin de año para las flotas provincial y municipal. Para evaluar ese avance será necesario conocer cuántas unidades reemplazarán vehículos antiguos y qué efecto tendrá la incorporación sobre la disponibilidad del servicio.
Una salida sostenible requiere coordinación entre la Provincia, los municipios y las empresas. La reiteración de esta crisis debería impulsar un acuerdo que sobreviva a las urgencias. Los planes y las inversiones anunciadas ofrecen una oportunidad que merece seguimiento. Su resultado se medirá en la experiencia diaria de los pasajeros. Para ellos, la solución comenzará a hacerse visible cuando esperar el colectivo deje de ser una incertidumbre y las condiciones de viaje mejoren.
