Sin medidores propios y sin títulos de propiedad: el drama de vivir en edificios sin final de obra en Tucumán
Resumen para apurados
- En Tucumán, el concejal Leandro Argañaraz presentó un proyecto para regularizar 253 edificios sin final de obra y dar respuesta a casi 20.000 vecinos afectados.
- La falta de habilitación surge por trámites inconclusos o quiebras de constructoras, obligando a los residentes a compartir medidores y vivir sin títulos de propiedad.
- De aprobarse en el Concejo Deliberante, el registro permitirá individualizar los servicios públicos y facilitar la escrituración a miles de familias damnificadas.
Vivir en un departamento sin saber cuánto se pagará de luz, agua o gas, no poder acceder a subsidios energéticos y, en algunos casos, ni siquiera contar con un título de propiedad. Esa es la realidad que atraviesan miles de tucumanos que residen en edificios que no tienen el certificado de final de obra en San Miguel de Tucumán.
Según los datos que la Municipalidad presentó ante el Concejo Deliberante, son 253 los edificios que se encuentran en esa situación. Frente a este escenario, el concejal Leandro Argañaraz impulsa un proyecto para establecer un régimen especial de regularización que permita resolver los problemas administrativos de esas construcciones y, al mismo tiempo, dar respuestas a quienes viven en ellas.
"Más que la regulación que tenemos, hace falta una regularización de algo que ya existe", sostuvo el edil en diálogo con LA GACETA. Según estimó, entre 15.000 y 20.000 personas podrían estar alcanzadas por esta problemática.
El concejal explicó que no todos los edificios presentan las mismas dificultades. Algunos tienen trámites administrativos pendientes; otros fueron construidos con más metros cuadrados o pisos que los autorizados en los planos originales y necesitan gestionar un conforme de obra. También hay casos en los que las constructoras quebraron o desaparecieron sin completar la documentación correspondiente.
A eso se suman situaciones más complejas, en las que podrían existir fallas o daños estructurales. "De los 253 edificios no sabemos el número exacto de cuál es la situación de cada uno", advirtió Argañaraz.
Los problemas cotidianos de vivir sin final de obra
La falta de este certificado no es solamente una cuestión administrativa. Para quienes habitan esos departamentos, las consecuencias aparecen en cuestiones cotidianas, desde la distribución de los gastos hasta la posibilidad de acceder a servicios a su nombre.
En algunos edificios existe un único medidor para todas las unidades, por lo que los residentes deben compartir los gastos de electricidad, agua o gas sin contar con una medición individual de sus consumos. Incluso hay inmuebles en los que se utilizan garrafas en los pasillos.
"Hay gente que vive en edificios que tienen la garrafa en el pasillo, que no sabe cuánto va a pagar de luz, de agua o de gas porque tenés un solo medidor para todo el edificio", describió el concejal.
Otro de los inconvenientes está relacionado con los subsidios energéticos. Argañaraz explicó que, al no contar con la documentación necesaria para individualizar los servicios, los habitantes pueden continuar pagando la electricidad como si se tratara de una obra en construcción, sin posibilidad de gestionar los beneficios correspondientes.
La situación también genera dificultades para organizar los consorcios, administrar las expensas y resolver cuestiones legales. En algunos casos, personas que compraron departamentos de buena fe mediante boletos de compraventa nunca pudieron obtener el título de propiedad.
"Tenés gente que está viviendo en el aire y que no tiene certeza sobre cuál es efectivamente la situación de los departamentos en los que residen", expresó.
Qué propone el régimen especial de regularización
Frente a este panorama, el proyecto de Argañaraz plantea crear un registro que permita conocer en detalle la situación de cada edificio. La propuesta contempla que puedan inscribirse las constructoras y los titulares de dominio, pero también quienes compraron departamentos de buena fe, los inquilinos, los tenedores y los poseedores de las unidades.
A partir de ese relevamiento, se buscaría avanzar con los procedimientos administrativos necesarios para regularizar cada inmueble. En paralelo, la iniciativa apunta a individualizar las unidades para que sus habitantes puedan acceder a los servicios públicos de manera independiente.
El objetivo es que los vecinos no dependan exclusivamente de las empresas desarrolladoras o de los titulares de los edificios para resolver una situación que, en muchos casos, lleva años sin respuesta.
Argañaraz contó que recibió reclamos de propietarios, inquilinos y administradores que conviven con problemas legales y administrativos. También mencionó casos de desarrolladores que, después de cobrar las unidades, dejaron pendientes los trámites necesarios para completar la documentación.
Para el concejal, si bien el origen de muchos de estos conflictos está en relaciones contractuales entre privados, sus consecuencias justifican una intervención estatal.
"Hay un conflicto entre privados, sí, pero también tiene una afectación en general a la población. No podés decir que hay un conflicto entre privados cuando tenés un 10% o un 15% de la población en esta situación", afirmó.
El proyecto ya ingresó al Concejo Deliberante y la intención es que sea tratado en comisiones. El edil anticipó que continuará impulsando la iniciativa y convocó a los vecinos afectados a involucrarse en la discusión.
"El Estado no puede seguir mirando para otro lado ante esta realidad", concluyó.
