Resumen para apurados
- El Concejo de San Miguel de Tucumán tratará mañana un proyecto para regularizar escrituras de vecinos del barrio Oeste II, trabadas por reformas edilicias históricas.
- Durante décadas se hicieron ampliaciones sobre áreas comunes en los monoblocks, generando discrepancias con los planos que frenaron el trámite dominial ante el IPVDU.
- La norma creará un régimen excepcional de Catastro que permitirá a las familias obtener sus títulos de propiedad y conformar formalmente los consorcios de los edificios.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se reencuentra en el recinto mañana para tratar, como primer tema, la regularización dominial del barrio Oeste II. La zona atraviesa conflictos de larga data que prohiben a las familias avanzar con la escrituración de sus viviendas. Además, habrá una quincena de proyectos más que se debatirán en el recinto.
El cuerpo presidido por Fernando Juri se reunió en Labor Parlamentaria hoy, de cara a la sesión programada para mañana desde las 9. Allí se incluyó en el orden del día un proyecto que surgió de un expediente remitido por el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU).
La institución planteó una problemática de hace tiempo vinculada con los conjuntos habitacionales de Barrio Oeste II y, particularmente, con la situación de las viviendas ubicadas en monoblocks. Sucede que, con el paso de las décadas, numerosas unidades fueron objeto de ampliaciones y modificaciones respecto de la configuración originalmente prevista. Y en algunos casos, las construcciones se extendieron sobre sectores que en la documentación inicial habían sido considerados espacios de uso común.
Esa diferencia entre la situación edilicia existente y los planos originales impide actualmente aprobar parte de la documentación técnica necesaria para continuar con el proceso de regularización dominial.
El conflicto surge, además, en que producto de ese contexto hay familias que todavía no pudieron acceder a sus escrituras, más allá de haber finalizado hace tiempo con el pago de sus viviendas. Esto a su vez genera dificultades para la conformación de los consorcios, la administración de los edificios y la realización de actos jurídicos sobre las unidades.
Fue así que se avanzó en la elaboración de una ordenanza que establece un régimen excepcional de regularización urbanística para inmuebles específicamente identificados, permitiendo a la Dirección de Catastro y Edificación analizar y aprobar la documentación correspondiente a las construcciones existentes cuando se cumplan determinadas condiciones técnicas y de seguridad.
