Resumen para apurados
- El gobierno de Milei publicó en el Boletín Oficial los pliegos del Belgrano Cargas en Argentina, excluyendo a empresas estatales extranjeras para priorizar al sector privado.
- La concesión a 50 años abarca 7.594 km bajo modelo de acceso abierto; el filtro aplica a firmas estatales chinas o locales, replicando criterios usados en la Hidrovía.
- El proceso busca captar U$S 1.000 millones en inversiones vía RIGI, consolidando una alineación geopolítica estratégica y transformando la red logística nacional.
El proceso de privatización del Belgrano Cargas tendrá una condición adicional para las empresas interesadas en quedarse con la concesión de las vías ferroviarias: no podrán participar aquellas compañías que estén bajo control directo o indirecto de gobiernos extranjeros. La restricción fue incorporada al pliego de la licitación y también alcanza a empresas estatales argentinas, tanto nacionales como provinciales, en medio de la presión del gobierno de Donald Trump sobre Argentina en la pelea comercial con China.
La condición fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y es conocida dentro del proceso como la “cláusula anti-China”, aunque el pliego no menciona expresamente a ese país ni establece una prohibición específica para las compañías chinas. El criterio alcanza, en términos generales, a sociedades controladas por Estados soberanos extranjeros.
La red comprende actualmente 7.594 kilómetros distribuidos en 16 provincias. El esquema contempla además un modelo de “open access”, por el cual el concesionario estará a cargo de la infraestructura, mientras que otras empresas podrán utilizar las vías mediante el pago de un peaje.
Qué establece la cláusula
Según el diario "Ámbito", la restricción funciona como un filtro previo de la licitación. Quedarán excluidas las compañías cuyo control esté en manos de un gobierno extranjero, ya sea de manera directa o mediante otras sociedades. La definición también incluye organismos públicos, empresas estatales y sociedades vinculadas con esos gobiernos.
El mismo criterio alcanza a empresas estatales argentinas, tanto nacionales como provinciales, de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria.
El nombre de “cláusula anti-China” surgió porque uno de los principales efectos de la medida es limitar la participación de empresas estatales chinas en la concesión de la red ferroviaria.
Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la restricción tiene un alcance más amplio. No está dirigida exclusivamente contra compañías de China, sino contra cualquier empresa que se encuentre bajo control de un Estado extranjero.
Por eso, una compañía privada extranjera podrá participar de la licitación siempre que cumpla con los requisitos del pliego. La exclusión se produce cuando detrás de esa sociedad existe control estatal, ya sea por participación directa del gobierno o mediante otras empresas.
La administración de Javier Milei ya había aplicado un criterio similar en otros procesos vinculados con infraestructura estratégica, como la concesión de la Hidrovía y el proyecto de transporte eléctrico AMBA I.
Una concesión por 50 años
En este caso, la condición fue incorporada al pliego que contempla la concesión por 50 años de las vías y los inmuebles vinculados con las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.
La competencia tampoco se definirá únicamente por el monto ofrecido al Estado. Las empresas deberán presentar propuestas que combinen inversiones comprometidas y el peaje que cobrarán por el uso de las vías. En términos generales, tendrá ventaja la oferta que combine mayores inversiones con menores costos de utilización de la infraestructura.
El gobierno libertario estima que el proceso podría movilizar alrededor de U$S1.000 millones en inversiones para las tres líneas y contempla que determinados proyectos puedan acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La incorporación de la cláusula establece así un nuevo límite dentro del proceso de concesión: priorizar la participación privada y excluir a compañías bajo control estatal extranjero o argentino de la competencia por la infraestructura ferroviaria.
