Resumen para apurados
- Organizaciones criminales trafican droga mediante vuelos en el NOA debido a la falta de controles en pistas legales y clandestinas.
- Las bandas asignan roles específicos a sus integrantes para operar en la región, aprovechando la infraestructura aeronáutica sin supervisión estatal.
- La vulnerabilidad aérea en el NOA exige reforzar la vigilancia operacional para frenar el avance del narcotráfico internacional en Argentina.
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Los caminos analizados en diferentes expedientes que se tramitan por vuelos narcos en la región llevan a una misma conclusión: las organizaciones fragmentan las tareas y asignan diferentes funciones a cada integrante. Los narcos contratan pilotos jóvenes bolivianos y, en la mayoría de los casos, son acompañados por otra persona de confianza de los líderes de las organizaciones.
Si bien es cierto que en el vecino país existe un registro oficial de aeronavegantes, los controles no serían tan estrictos como los que se aplican en Argentina. “Aquí no puede volar cualquiera. Tiene que cumplir numerosos requisitos y, por ejemplo, acumular más de 1.000 horas de vuelo, mientras que en otros países consiguen la habilitación con 200 horas”, explicó un piloto.
La otra cuestión que deben resolver los traficantes es quién se encargará de recibir el cargamento. Estos grupos cuentan con “baqueanos” que conocen el territorio y determinan dónde dejarán la droga, personas encargadas de descargarla de la aeronave y otras que se ocupan de trasladarla por tierra hasta un centro de acopio.
Según Ricardo Toranzos, fiscal federal de Salta, esta fragmentación de las bandas en compartimentos estancos dificulta determinar quiénes ocupan los distintos niveles de la cadena de mando. “Cuanto más se alejan de la persona que transporta la droga, mayor es la impunidad. Ahora invierten para no ser identificados y poder disfrutar el dinero: contratan profesionales, crean empresas y simulan operaciones”, añadió Toranzos.
Sobre pistas y algo más
El lugar donde aterrizar o “bombardear” la droga es el último detalle logístico que deben resolver los narcos. La falta de controles también termina favoreciendo el desarrollo de la actividad ilícita que realizan las organizaciones que se inclinaron por este sistema de transporte de cocaína.
Según el registro de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en todo el NOA, sin contar los aeropuertos y helipuertos, hay 33 pistas declaradas, lo que representa menos del 10% del total del país.
Salta, por donde ingresa la mayor cantidad de cocaína secuestrada en la región, cuenta con 15. Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca tienen cinco cada una, mientras que Jujuy posee tres. De ese total, siete son públicas, es decir, pueden ser utilizadas por cualquier piloto. Las otras 26 son privadas y sólo pueden utilizarse con autorización de sus propietarios.
Aquí surge el primer dato llamativo. Según las fuentes consultadas, ninguna de esas pistas cuenta con un control permanente de las autoridades. Es decir, una aeronave que parte de Salta con un plan de vuelo declarado y un sistema de seguimiento podría aterrizar en un aeródromo de otra provincia sin que exista un control sistemático sobre la carga que transporta.
“Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sólo los revisará si se detecta alguna irregularidad, como que se detuvieron en algún lugar o si cambiaron el punto de aterrizaje sin explicar los motivos”, sostuvo una fuente de la ANAC.
¿Qué pasa con las pistas clandestinas?
Ese es el nuevo dilema al que se enfrentan las autoridades. Los narcos pueden utilizar terrenos alejados para aterrizar sus avionetas o elegir un campo para “bombardear” la cocaína. Durante la reunión del Consejo de Seguridad Interior del NOA quedó en evidencia que no existe un registro de las zonas que podrían estar siendo utilizadas para este tipo de operaciones.
Además, según lo expresado durante ese encuentro, los gobernadores de la región no recibieron información sobre un plan nacional específico para abordar esta problemática.
“Se requiere una mayor implementación de radares, aunque estas avionetas vuelan bajo para no ser detectadas y se camuflan con la actividad aérea agrícola, simulando tareas de fumigación en pistas propias o caminos vecinales. Hay discusiones jurídicas sobre la intercepción de vuelos. Ellos cambian rápidamente su modalidad cuando una es descubierta, invirtiendo en tecnología”, sostuvo el fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos.
